Segovia cuenta con 323 viviendas del Sareb para alquiler
Tan solo 31 de estas viviendas se encuentran en la capital. IU urge a que estos inmueble estén disponibles lo antes posible para favorecer el acceso de la población a la vivienda con alquileres asequibles
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MADRID, 18/04/2023.- Vista de los carteles de alquiler en un piso de Madrid este martes. La ponencia de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda ha dado luz verde este martes a su informe con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con UP, ERC y Bildu, tras lo cual el texto se aprobará en la Comisión de Transportes este mismo jueves y en el pleno del Congreso la semana que viene. EFE/ Jennifer Gómez / Jennifer Gómez EFE
Segovia
El Consejo de Ministros ha aprobado la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido como “banco malo”, para destinarlas al alquiler «con precios asequibles». En concreto, se reservarán 21.000 de estas viviendas para poner a disposición municipios y comunidades autónomas, y en 14.000 viviendas de este parque de la Sareb ya habitadas se impulsará el alquiler social. También se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles.
Según el mapa de la distribución de los inmuebles de Sareb, en la provincia de Segovia hay actualmente 323 de estas viviendas, 31 en Segovia capital. Izquierda Unida ha pedido que estos inmuebles estén disponibles lo antes posible para favorecer el acceso de la población a la vivienda con alquileres asequibles, ante el elevadísimo coste de los alquileres a nivel provincial.
Para IU, una óptima gestión de los pisos y del suelo de Sareb no es suficiente para garantizar el derecho a la vivienda. Es necesario poner esta empresa pública al servicio de las políticas públicas de vivienda para dar un vuelco total a la situación. Esto, además de influir en el precio del mercado en general, protegería de forma especial a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Izquierda Unida considera fundamental que la Sareb agilice los convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que puedan gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social. Es prioritario además que se suspendan de forma indefinida los procedimientos de desahucio.
