Multas de hasta 30.000 euros por revelar la ubicación de los controles de la Guardia Civil
El cuerpo advierte de las sanciones que pueden derivarse en caso de poner en peligro el éxito de un dispositivo policial
Control de la Guardia Civil de Tráfico / Guardia Civil
Ribera del Duero
Hasta 30.000 euros de multa. Es el precio máximo al que cualquier ciudadano se expone en caso de revelar la ubicación de un control policial, como los que habitualmente desarrolla la Guardia Civil en las carreteras españolas. El cuerpo, a finales de este último mes, identificaba a dos personas y levantaba sendas actas de denuncia por este hecho en la provincia de Burgos, tras fotografiar y difundir en dos ocasiones las ubicaciones donde desarrollaban su servicio los agentes.
Hay dos personas identificadas que, en connivencia, fotografiaron, ‘subieron’ y difundieron las imágenes del dispositivo policial en una aplicación móvil / Guardia Civil
Hay dos personas identificadas que, en connivencia, fotografiaron, ‘subieron’ y difundieron las imágenes del dispositivo policial en una aplicación móvil / Guardia Civil
Primeramente se había desplegado un dispositivo policial dirigido principalmente a la prevención y seguimiento del consumo y del tráfico minorista de drogas, en las proximidades de las zonas de ocio del entorno vigilado. Al rato, los agentes verificaron cómo el lugar donde se encontraban había sido publicado en un grupo creado para ‘alerta a usuarios en tiempo real’, una especie de chivato que sirve para informar y avisar de determinados acontecimientos y sucesos ocurridos en una determinada zona, para lo cual habían ‘subido’ una fotografía del control y habían mensajeado la ubicación de éste.
Los efectivos del Cuerpo decidieron reubicar el control para hacerlo más efectivo, pero nuevamente fue difundida su posición. Por el ángulo en que fueron tomadas las imágenes lograron conocer los lugares desde donde habían sido realizadas -una vivienda unifamiliar y un negocio particular, respectivamente- y llegar hasta los presuntos autores, que fueron identificados y propuestos por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, que se tipifica como grave, y que como les explicábamos con anterioridad, puede suponer multa de hasta 30.000 euros.
