PSOE de Aguilar: "Es peligroso tener al PP a los mandos del manejo ambiental de las nuevas macrogranjas"

Palencia

El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Abilio Fontaneda, ha hecho un llamamiento a la población para que sean conscientes del "peligro" que supone que el Partido Popular esté al frente de la gestión medioambiental en torno a los próximos proyectos de instalación de macrogranjas anunciados en la zona. Una afirmación que se deriva de la querella por prevaricación que el PSOE ha interpuesto contra la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, por las infracciones detectadas en la actividad ganadera en la localidad de Mave y que ha sido admitida a trámite. El PSOE considera que si los Populares se muestran "incapaces" de hacer cumplir los mínimos legales a una explotación ganadera de tamaño medio, tampoco podrán manejar lo que tiene que ver con grandes instalaciones como son las macrogranjas.

Cabe recordar que el PSOE, después de cuatro años de denuncias públicas y requerimientos por escrito, ha tenido acceso un expediente que deja en evidencia que dicha actividad ganadera carece de la correspondiente licencia y por tanto se está desarrollando de manera ilegal. Hechos que también se trasladaron al servicio de Medio Ambiente de la Junta, que ya en 2019 consideró al Ayuntamiento de Aguilar último responsable de la situación.

Fontaneda considera que durante todo este largo proceso, la actitud del Partido Popular y en concreto de María José Ortega, ha sido de pasividad y permisibilidad, así como de "maltrato democrático" y "desprecio" hacia el PSOE. Asegura que, independientemente de cómo se resuelva el procedimiento judicial, de si la sentencia determina si hay delito de prevaricación o no, lo que es indiscutible es que la actividad ganadera en cuestión está funcionando fuera de la legalidad "por la inoperancia del Ayuntamiento". Asimismo, el portavoz socialista ha recordado a la Junta de Castilla y León que la ley de Protección Ambiental le asigna la obligación de intervenir en caso de inacción de los ayuntamientos.