95 inmuebles han sido ocupados en Palencia desde el año 2015
Así se desprende de la respuesta del Gobierno a varias preguntas escritas registradas en el Congreso por los diputados del PP
Edificio okupado en Plaza España / Beatriz Álvarez
Palencia
Castilla y León ha registrado desde 2015 un total de 915 inmuebles ocupados ilegalmente, lo que supone una ligera tendencia a la baja, según se desprende de la respuesta del Gobierno a varias preguntas escritas registradas en el Congreso por los diputados del PP, entre ellos la leonesa Carmen González Guinda.
Los datos facilitados por el Ejecutivo -que incluyen datos de toda la Comunidad salvo de Valladolid- reflejan que, entre enero y noviembre de 2022, se anotaron 150 ocupaciones de viviendas que se alejan de las 219 contabilizadas en 2021, y un año antes, con la pandemia del coronavirus como telón de fondo, se registraron 122.
Los años inmediatamente anteriores las cifras en torno a este fenómeno, que genera una gran preocupación social, fueron más bajas: 2019 (120), 2018 (99), 2017 (81), 2016 (58) y 2015 (66).
Por provincias, los datos del Ministerio del Interior ponen de relieve que, del total de delitos y faltas por ocupación de inmuebles desde 2015 hasta noviembre de 2022, Burgos se sitúa a la cabeza con 214 casos seguida de cerca por León con 191.
Por detrás, en cuanto a mayor volumen de ocupaciones ilegales, se sitúan las provincias de Salamanca (156), Segovia (99), Ávila (98), Palencia (95), Zamora (50) y Soria (12).
En relación a las preguntas formuladas por los diputados del PP, el Gobierno central aclara que dentro del término "ocupación de inmuebles" se incluyen diferentes tipos de delitos del Código Penal: por un lado, se incluye el allanamiento de morada (artículo 202), y, por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), sea con violencia o no, y sean residenciales o no.
En ese sentido, el Ejecutivo precisa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia".
Por otro lado, también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada.
En estos casos, el proceder de los agentes está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, "salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso sí pueden desalojar a los ' + Char(39) + 'okupas' + Char(39) + '".
Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha decidido denunciar ante la Unión Europea la "sistemática vulneración de sus derechos" por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.
Concretamente, tal y como ha adelantado su portavoz, Ricardo Bravo, la entidad ha presentado una petición formal para que las instituciones comunitarias analicen si el decreto antidesahucios que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2020 vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad.
El decreto en cuestión fue aprobado al inicio de la pandemia del coronavirus a fin de evitar que personas vulnerables pudieran verse en la calle en pleno estado de alarma.
Sin embargo, a pesar de que todas las medidas adoptadas entonces han ido decayendo, dicho decreto sigue aún vigente y, según han denunciado, ha generado un "efecto llamada" para la ocupación protagonizada por inquilinos morosos que se niegan a abandonar la vivienda.
"El derecho a una vivienda digna no puede sustentarse en la lesión continuada de los derechos de los propietarios de inmuebles", advierten desde esta Plataforma ciudadana. No obstante, activistas como los del centro social de La Molinera de Valladolid, abierto hace cuatro años a raíz de la ocupación del antiguo hotel Marqués de la Ensenada, han sostenido en su perfil de Twitter que "el problema no es la ocupación, sino la especulación".
"Acabarán a tiros con las clases desposeídas antes que atender al verdadero problema, que es el acceso a la vivienda en el marco socioeconómico del capitalismo", aseguran en un tweet, y, en este sentido, remarcan que una de las soluciones pasaría por aumentar el parque inmobiliario destinado a vivienda social.
Ante la escalada de la "okupación" y la gran alarma social que general, la Fiscalía General del Estado acordó en septiembre de 2020 unificar el criterio para actuar contra este movimiento, que considera estas intromisiones un "fenómeno delictivo" que requiere "una acción específica".
El Gobierno advierte de que la "okupación" es un fenómeno en auge, aunque, según datos del Ministerio del Interior, las ocupaciones ilegales (denunciadas) cayeron en España en los 7 primeros meses de 2022 un 5,4 % respecto al mismo período del año anterior, lo que supone el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años.
