Un juzgado de Familia, una oficina de peritaciones y el refuerzo del juzgado de Violencia, principales reclamaciones para el Palacio de Justicia de Ponferrada
El 2022 recuperó los niveles de actividad "pre pandemia" gracias al esfuerzo de los Magistrados que superan el 120% del nivel de resolución
Ponferrada
Ponferrada demanda la creación de un juzgado especializado en Derecho de Familia, un requerimiento que ha adjuntado el juez decano de Ponferrada, Óscar Hernáiz, en la memoria anual junto a otras reivindicaciones cuya implantación considera necesarias para reducir ,no solo el elevado porcentaje de casos que se acumulan en el área de Civil, sino también el tiempo de respuesta a los procedimientos presentados por los ciudadanos y que deja una radiografía del 2022 con 7.076 asuntos registrados en Civil; 5.959 en Instrucción; 1.391 en Social y 1.039 en el juzgado de lo Penal. Las cifras devuelven la gráfica a los años previos por la pandemia con dos puntualizaciones: la sobrecarga que aguantan los juzgados por los procedimientos civiles y la disminución de la agenda procesal de los juzgados de lo Social, que evidencia, reconoció Hernáiz, la crisis económica por la que pasa la comarca, lo que supone un lógico descenso de la conflictividad laboral.
Con esta silueta, Hernáiz, tiene claro que Ponferrada cuenta con todos los requisitos adecuados para que se abra un Juzgado de Familia, lo que aliviaría el atasco de pleitos de esta naturaleza y ofrecería una respuesta especializada a los ciudadanos, y lo haría contando ya con los servicios psicosociales, fiscales o medicación que necesita y con el espacio necesario ya disponible.
Que la Justicia se resuelva en condiciones de plena igualdad también es el objetivo de otra de las reclamaciones de Hernáiz: la creación de una oficina de peritaciones adscrita al Juzgado que ponga fin a los problemas que está ocasionando tanto en tiempo de respuesta como en condiciones de equidad para los demandantes que a veces solo disponen de ese apoyo si están dispuestos a esperar meses para la resolución de su causa o si tienen posibilidades económicas para sufragarlas.
Al año son necesarias más de 200 peritaciones sobre las que es muy complicado encontrar a profesionales en la bolsa de trabajo auxiliar al Juzgado debido a los retrasos de hasta dos años en el pago de sus honorarios.
Una situación que prolonga el tiempo de respuesta judicial en unas UPAD, que como en el de Penal, es el tercer juzgado con más carga de trabajo de Castilla y León, por encima de las salas de Valladolid o Burgos. No hay ningún magistrado que esté por debajo del 120 por cien y algunos llegan a aproximarse al 200 por cien.
Un punto negro añadido es la actividad añadida que tiene que soportar el juzgado Nº 5 confiado a la Violencia de Género, pero que asume otras muchas funciones por lo que también se ha requerido que se asigne un refuerzo que permita cumplimentar las actuaciones para mejorar los tiempos de resolución.
La división de jurisdicciones ayudará, en todo caso a desatascar el embudo y aunque ha provocado alguna que otra disfunción en este primer mes y medio de funcionamiento, se espera que a final de año esté perfectamente implantada.
