Los fondos europeos permiten a la Junta recuperar una sede institucional para el centro de Valladolid

Valladolid

Los consejeros de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, han visitado las obras de modernización y adaptación del edificio administrativo de la antigua sede de la Agencia Tributaria, que la Junta de Castilla y León acomete desde septiembre. El objetivo es concentrar en el mismo inmueble diversos servicios, que actualmente se prestan en distintas ubicaciones, y facilitar el acceso de los ciudadanos en condiciones de calidad.

Este centro administrativo autonómico podrá alcanzar una ocupación aproximada de 300 trabajadores en un edificio nuevo totalmente accesible y equipado con las últimas tecnologías, según han informado desde la Junta, con el objetivo fundamental de habilitar un edificio público que se integra "perfectamente" en el entono del centro urbano, reutilizar un inmueble emblemático y "reactivar económicamente el centro de la ciudad".

Las obras tienen un plazo de ejecución, desde de 30 meses. Tras la redacción y aprobación del proyecto, se licitó la ejecución, que fue adjudicada mediante a la empresa constructora San José por un importe de 14.081.980 euros. La obra contará con 6 millones de euros de financiación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

Eficiencia energética y tecnología avanzada

La intervención arquitectónica afecta a reconocimientos globales y refuerzos puntuales de la estructura; reacondicionamiento de espacios administrativos interiores; dotación de instalaciones y equipamientos avanzados; eficiencia y eficacia energética; y mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico de cerramiento exteriores, entre otras. El reto es que el edificio terminado y ocupado pueda ser calificado como 'avanzado' en términos tanto medioambientales como tecnológicos, constructivos y ergonómicos.

Por otra parte, el contrato de obra incorpora, además de otras cláusulas sociales, la obligación de ejecutar un proyecto de inserción socio-laboral, lo que supone que un mínimo del 3 % de las horas de trabajo hayan de ser realizadas por personas en situación o riesgo de exclusión social residentes en Castilla y León.

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