La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael pide a Europa que se liberalice la AP-6
Consideran que se encuentra en una situación de ilegalidad tras no cumplir ni la Comisión Europea ni el Gobierno de España con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó en 2010 la adjudicación de la actual concesión de la AP-6
Travesía de San Rafael(Radio Segovia)
Segovia
La Plataforma “Solución a la Travesía de San Rafael” ha presentado dos denuncias ante la Unión Europea el pasado 23 de diciembre de 2022, concretamente ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante el Defensor del Pueblo Europeo. Denuncian la vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte tanto de la Comisión Europea como del Gobierno de España en relación a la situación administrativa de la actual concesión de la AP-6, la cual consideran que se encuentra en una situación de ilegalidad tras no cumplir ni la Comisión Europea ni el Gobierno de España con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó en 2010 la adjudicación de la actual concesión de la AP-6 (Asunto C-423/07 del procedimiento de infracción 2000/5137). Entienden que es precisamente esta situación la que provoca el grave y perenne problema de seguridad vial en las dos travesías de San Rafael, las carreteras nacionales N-6 y N-603 las cuales son las alternativas gratuitas de la AP-6 y de la AP-61 respectivamente.
En las dos denuncias se referencian detalladamente una sucesión de hechos que se remontan desde hace más de veinte años hasta la actualidad y que han provocado que San Rafael sea actualmente uno de los puntos negros de la red de carreteras del Estado. En su opinión tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea han mirado para otro lado con el único objetivo de beneficiar a la actual concesionaria de la AP-6 y no de velar por los intereses generales y por la seguridad de los vecinos de San Rafael.
Según apunta la Plataforma en el comunicado en el año 1999 el Ministerio de Fomento sacó a concurso público la actual concesión de la AP-6 incluyendo unas irregularidades que tenían el claro objetivo de que fuera la misma empresa concesionaria (Iberpistas, Abertis) la que obtuviera la licitación de las obras y con ello la nueva concesión de la AP-6, lo que provocó que la Unión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España que acabó finalmente en 2010 con la condena judicial de la concesión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, la Comisión Europea y el Gobierno de España implementaron unas medidas que no cumplieron con la sentencia judicial del TJUE, sino que al contrario, la dejaron de facto con la misma duración que establecía la concesión condenada por el TJUE y permitieron a la actual concesionaria continuar con la explotación de la autopista además de tener que recibir ésta una millonaria indemnización por dicha sentencia judicial.
Por todo ello reclaman tanto al Parlamento Europeo como al Defensor del Pueblo Europeo que investigue si la Comisión Europea y el Gobierno de España han podido cometer una irregularidad al no respetar los términos de la sentencia del TJUE, que este caso sea sometido de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se dé un cumplimiento real y efectivo a la sentencia del TJUE y, en consecuencia, se anule la actual concesión de la AP-6 y se liberalice definitivamente la autopista de un peaje totalmente amortizado para que todos los vehículos puedan utilizar esta autopista como alternativa natural a la travesía de San Rafael.
También han incluido en las dos denuncias lo que consideran dejación de funciones del Gobierno de España durante casi veinte años en implementar una solución definitiva al grave problema de seguridad vial que se vive en la travesía de San Rafael y que han provocado multitud de accidentes, algunos con el resultado de muerte.
En su opinión el Gobierno de España lleva lustros prometiendo la construcción de una variante de San Rafael como hizo hace ya 18 años para Guadarrama. Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Segovia María del Lirio Martín reconoció públicamente el 21 de noviembre de 2022 que la variante no se va a realizar alegando la protección del Parque Nacional y no dio ninguna solución alternativa al problema que vivimos en San Rafael. Paralelamente los Presupuestos Generales del Estado del 2023 sí incluyen una ridícula partida de medio millón de euros destinada a la variante de San Rafael, lo que contradice las propias palabras de la subdelegada.
