El 'hotel de los caballos' cesará en su actividad por infracción muy grave y pagará 300.000 euros por no tener licencia

Burgos

El Ayuntamiento de Burgos ha sancionado con 301.000 euros a la empresa que gestiona una instalación ecuestre junto al monasterio de La Cartuja de Miraflores por una infracción muy grave al no haber pedido licencia en sus 5 años de funcionamiento y vulnerar la Ley de Urbanismo con una construcción en suelo rústico protegido.

El expediente sancionador incluye una declaración cautelar de cese de actividad, hasta que se resuelvan los recursos legales, y podría derivar en un desmantelamiento parcial de la instalación que gestiona de forma irregular la empresa Tabalou Development.

Miguel Balbás, concejal de Licencias, explica que el negocio equino no podrá volver a funcionar hasta que se restaure la legalidad, aunque la resolución es recurrible.

El grupo municipal de Podemos denunció la ilegalidad en que estaba incurriendo el llamado 'Hotel de Caballos' y, una vez resuelto el expediente sancionador, reclama la paralización cautelar de la actividad.

El pasado mes de febrero el grupo municipal En Burgos Podemos denunció caso de modificación ‘ad hoc’ del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la ciudad de Burgos para dar legalidad a un negocio que funcionaba de manera ilegal (sin licencia de obras ni de actividad) en el entorno de la cartuja de Miraflores.

La Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda había dado el martes 8 de febrero el visto bueno a una propuesta de variación del texto que permitiría dar legalidad al hotel de caballos, el cual llevaba ya varios años funcionando de manera totalmente irregular un espacio, además, protegido.

Especificó el pasado 11 de febrero la portavoz de Podemos en el Consistorio, Marga Arroyo, que la empresa responsable del negocio, Tabalou Development, había construido las instalaciones e iniciado la actividad sin licencias y, aún así, no existía ningún expediente sancionador contra la empresa. Fue por ello que se presentó una solicitud formal de inicio de investigación y de restauración de la legalidad.

La portavoz de Podemos, Margarita Arroyo, puntualiza que la sanción es la menor contemplada para una infracción muy grave de la legislación urbanística. Arroyo considera que este caso, que ha tardado en resolverse 10 meses, debe indignar a cualquier ciudadano que cumple sus obligaciones con la administración pública.