La Coordinadora de Mujeres de Valladolid denuncia el acoso de grupos ultracatólicos ante clínicas que practican abortos

Valladolid

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha denunciado el acoso al que son sometidas las mujeres que, libremente, escogen ejercer su derecho al aborto en las clínicas ginecológicas de la ciudad, centros que, como así censura, han sido objeto en las ultimas semanas de campañas de acoso por parte de grupos ultracatólicos que se dedican a rezar a las puertas de estos centros.

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres reconocido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo.

"Se trata de un acoso psicológico disfrazado de rezos bienintencionados que no esconden sino coaccionar y provocar malestar en las mujeres. Es tal el grado de perversión de estos grupos que, desde que se reformara el Código Penal el pasado mes de abril, han cambiado notablemente su nivel de agresividad con el fin de bordear la ley", añade la coordinadora.

También critica que el aborto en Castilla y León queda reducido al ámbito de la sanidad privada ya que en toda la comunidad solo dos hospitales practican la interrupción voluntaria del embarazo, lo que, a su juicio, supone una vulneración de las castellanas y leonesas que han de desplazarse a clínicas privadas, en muchos casos incluso fuera de sus provincias o de la comunidad, para abortar.

"Especialmente sangrante nos parece este acoso en el día en el que el Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la que se amplían los derechos a las mujeres y se incluye la garantía de una educación sexual adecuada en todas las etapas de la enseñanza", añade.

Por ello, insta a la Junta de Castilla y León a cumplir con su obligación de ofrecer en la sanidad pública la interrupción voluntaria del embarazo -tal y como, por otra parte, recoge la citada reforma de la Ley de Salud Sexual- y a la Subdelegación del Gobierno que garantice el derecho de las mujeres que acuden a las clínicas ginecológicas prohibiendo cualquier tipo de manifestación a sus puertas.

En definitiva, exigen a las administraciones que respeten y hagan respetar los derechos sexuales, tales como el aborto y la educación sexual, que forman parte de los Derechos Humanos.