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La Diputación de Ávila pide al gobierno poder quemar residuos vegetales

En una moción aprobada en Pleno

Imagen del Pleno / Diputación Provincial de Ávila

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Ávila

El pleno de la Diputación de Ávila ha pedido al Gobierno que permita la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola, así como la suspensión del incremento de la tasa por tonelada no reciclable que llegue a los basureros y la ampliación del plazo de elaboración del censo de instalaciones y emplazamiento con amianto. De esta manera, ha salido adelante la moción conjunta planteada por el PP, Por Ávila, Ciudadanos y los siete diputados provinciales no adscritos -6 que formaban parte del PSOE y 1 de Por Ávila-, mientras que los dos representantes socialistas han votado en contra.

Los tres grupos que han impulsado esta iniciativa, junto a los 7 diputados no adscritos, hacían referencia a la Ley de Residuos y suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Parlamento el pasado mes de abril, a instancias del Ejecutivo central. Dicha norma establece sanciones por falta de reciclaje, implantando gravámenes tributarios a las toneladas de residuos que lleguen a los vertederos, con el objetivo de "estimular el reciclaje entre la ciudadanía y disminuir las cantidades de residuos que entran en los basureros". Además, y "con carácter general", dicha Ley no permite la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.

Los portavoces de los grupos y de los diputados provinciales no adscritos han pedido "suspender el incremento de la tasa por tonelada no reciclable que llegue a los basureros", cuyo importe se sitúa en los 30 euros por cada 1.000 kilos. Y ello, "en tanto no mejore la coyuntura económica que afecta a la inmensa mayoría de la población abulense y española", según los grupos proponentes, que recuerdan que la Junta ha suprimido los 7 euros que le correspondían aplicar en este concepto. Además, la moción plantea que el Gobierno permita la quema de residuos vegetales generado en el entorno agrario y silvícola, así como "ampliar el plazo de elaboración del censo de instalaciones y emplazamiento con amianto de 1 años, como pide esta ley, a 3 años".Junto a las peticiones, la Diputación expresa su "compromiso insoslayable para seguir fomentando el reciclaje con la dotación de más contenedores todavía en todos los núcleos de población y extendiendo la recomendaciones para una correcta práctica entre los vecinos de la provincia".

En este sentido, el presidente de la institución provincial, el popular Carlos García, ha destacado el hecho de que la Diputación haya sido "capaz" en los últimos años de "triplicar" el número de contenedores en el territorio provincial, así como de sellar el "98 por ciento de las escombreras".Asimismo, ha apuntado que el coste de los servicios "repercute de forma directa en los usuarios", de ahí la moción que ha salido adelante por 23 votos a favor y los 2 del PSOE en contra.García ha criticado que el PSOE aplique la ley europea de forma "tergiversada" en España.

 
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