Comisiones Obreras y UGT denuncian que el Gobierno de la Junta de Castilla y León está destruyendo la paz social
Los sindicatos mayoritarios afirman que la reorganización puede comprometer su futuro
Comisiones Obreras y UGT protestas contra las oficinas del ECYL en Reyes Católicos. / Cadena SER
Burgos
Comisiones Obreras y UGT denuncian que el Gobierno de la Junta de Castilla y León está destruyendo la paz social con la reorganización del ECYL que está llevando a cabo la Consejería de Industria, Comercio y Empleo cuyo titular es Mariano Veganzones de Vox.
Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial de UGT Burgos, afirma que se está atacando tanto a los sindicatos como a los trabajadores, en especial aquellos que residen en las zonas rurales y asegura que es estos cambios son un capricho de la ultraderecha y los trabajadores deben protestar.
Marcos Citores, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Burgos, ha apuntado que con estos cambios la Junta dejará de invertir 30 millones en políticas activas de empleo y se han despedido a 100 empleados públicos encargados de la difusión de ofertas a los desempleados. Los programas que se verán afectados serán los de igualdad de género y de oportunidades y conciliación en el empleo, fomento del empleo a través de las entidades locales, la orientación profesional, la intermediación entre las empresas y el ECYL así como las ayudas a los autónomos y la economía social.
Juan Núñez, secretario general de Comisiones Obreras Burgos, ha recalcado que esta reorganización del ECYL supone su desmantelamiento y ha calificado a esta política como atroz y lamentable.
La secretaria del sector autonómico de UGT de Burgos, Verónica Iturain, ha denunciado las condiciones del personal del ECYL cuya tasa de temporalidad roza el 50% y donde no se cubren las vacantes que se necesitan. Especialmente gravosa es la situación en las pequeñas oficinas de empleo, que en algunos casos alcanzan una tasa de temporalidad del 100% y donde una sola persona lleva toda la oficina.
Desde los sindicatos mayoritarios tienen dudas de que el servicio de empleo se pueda mantener y temen que pueda ser privatizado en un futuro próximo.
