La Junta dejó sin entregar 264 millones comprometidos del Pacto Covid

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, comparece en las Cortes para la presentación del 'Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones, ejercicio 2020' y el informe 'Análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020' / mir_ical

Valladolid
La Junta de Castilla y León convocó en 2020 y hasta septiembre de 2021 ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia de la covid, aunque únicamente fueron concedidos 454 millones (el 70%) y sólo fueron pagados 377 millones (el 82%) del importe concedido hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que indica una diferencia de 264 millones entre lo entregado y lo comprometido.
Así figura en el informe sobre estas ayudas presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, quien ha pedido a la Junta que establezca controles para asegurar que todas las ayudas y subvenciones queden recogidas en su Portal de Transparencia y que promueva la evaluación de las iniciativas, especialmente las relacionadas con la agilidad en el pago de las ayudas.
Amilivia ha matizado que en esa desviación entre las ayudas comprometidas y las finalmente pagadas puede influir que el periodo de análisis culminó antes de que algunas de las líneas de ayudas puedan haberse convocado, resuelto o pagado.
"Los pagos deben agilizarse lo máximo posible por parte de los gestores para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos, principalmente si los beneficiarios son empresas de pequeña dimensión, ya que la supervivencia de éstas puede depender en gran medida de la liquidez aportada por las ayudas concedidas", detalla el informe sobre las ayudas de la Junta.
En concreto, Amilivia ha recordado que este informe fue uno de los puntos incluidos en el "Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León", suscrito por la Junta de Castilla y León y todos los partidos con representación en las Cortes en la pasada legislatura, excepto UPL y Vox.
De ese análisis el Consejo de Cuentas ha determinado que diez entidades de la Administración autonómica convocaron en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se concedieron 454 M€, un 70% del importe convocado, habiéndose pagado 377, un 82% del importe concedido, a 31 de diciembre de 2021.
En términos de transparencia, el Consejo ha afeado a la Junta que en el Portal de Transparencia, dentro del apartado específico de “ayudas COVID”, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65% de las 97 líneas de subvención, aunque ha admitido que ese trámite puede haber sido completado con posterioridad, sin tener constancia de ello al estar fuera del plazo fijado para el informe.
Sobre el tipo de subvenciones o ayudas concedidas, el Instituto para la Competitividad Empresarial, con un 36%, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un 14%, fueron las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones, aunque Amilivia ha destacado la "especial diligencia" de la Gerencia de Servicios Sociales, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda y la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al pagar la totalidad de las ayudas comprometidas.
En cuanto a los objetivos de las ayudas, un 84% del importe total se convocó con el objetivo de mantener el tejido productivo de la Comunidad, mientras que fue concedido el 79% de esas cuantías convocadas y pagado el 76 por ciento de lo concedido hasta finales de 2021.
El resto de las ayudas tuvieron como objetivo minimizar el impacto social de la pandemia, aunque no se realizaron pagos "ni en 2020 ni en 2021 en 15 de las 97 líneas de ayudas convocadas", según el informe detallado por Amilivia ante los grupos parlamentarios.
Con los fondos específicos obtenidos por la pandemia, es decir, Fondo COVID, Fondo Extraordinario y Línea COVID, se comunicó haber financiado 52 de las 97 líneas, por importe de 349,6 millones de euros.
En concreto, al Fondo COVID corresponden 18 líneas por importe de 74,5 millones; al Fondo extraordinario, 5 líneas por cuantía de 53,8 millones; y a la Línea COVID, 29 líneas con 221,3 millones.
Reacciones de los grupos
El procurador del PP, Emilio José Berzosa, ha defendido que la Junta de Castilla y León gestionó la pandemia "mejor" que otras autonomías y que el Gobierno de España, y ha argumentado que la planificación de las ayudas era complicada dadas las circunstancias de pandemia. Sobre las recomendaciones del informe, el representante del PP ha dicho que está de acuerdo, especialmente con la transparencia y con la propuesta de selección de proyectos y evaluación del cumplimiento de los objetivos.
La portavoz de Hacienda del PSOE, Rosa Rubio, ha pedido más concreción a la Junta de Castilla y León para determinar cuántas de estas ayudas fueron financiadas con recursos propios, ya que los socialistas defienden que la mayor parte de los recursos llegaron procedentes del Gobierno central. "¿Dónde está todo el dinero que llegó para el covid?", se ha preguntado Rubio, crítica con la escasa entrega de ayudas a los potenciales receptores y también con la falta de transparencia y seguimiento en su tramitación.
El representante de Vox Francisco Javier Carrera ha pedido también explicaciones por la escasa entrega de ayudas respecto a las comprometidas y ha remarcado que el informe resulta "lapidario" en el cuestionamiento sobre la falta de control de las ayudas y la evaluación de su eficacia por parte de la Junta.
El procurador de la UPL José Ramón García ha afeado la "poca" transparencia de la Junta en esta materia y ha pedido explicaciones para conocer dónde han ido a parar los recursos que fueron comprometidos pero no aportados finalmente.
En el caso de Pablo Fernández (Unidas Podemos), ha pedido a la Junta una "seria reflexión" sobre la materialización de las ayudas en un momento como el de la pandemia, ya que se comprometieron 641 millones de euros y finalmente fueron concedidos únicamente 377 millones, a la vez que ha calificado de "negligencia grave" que un alto porcentaje de las ayudas no fueron incluidas en el Portal de Transparencia, por lo que ha dado por "incumplido" el pacto.