Juicio por corrupción en Fomento
Una docena de personas, 4 de ellas funcionarios del antiguo Ministerio de Fomento, se enfrentan a una acusación por delitos continuados de prevaricación, estafa, fraude, apropiación indebida, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos
Operarios del MITMA trabajan en la limpieza de uan carretera en la provincia de León el pasado mes de marzo
Este lunes comienza en la Audiencia Provincial de Zamora un proceso judicial en el que se juzga, diez años después de iniciarse las diligencias, un caso de corrupción que afecta a una docena de acusados, 4 de ellos miembros del entonces ministerio de Fomento y otros 8 relacionados con la UTE adjudicataria del mantenimiento de carreteras del Estado, acusados de los delitos continuados de prevaricación, estafa, fraude, apropiación indebida, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.
10 de ellos han llegado a un acuerdo con la fiscalía y la abogacía del Estado para asumir los hechos y reducir su condena.
Los dos acusados que no asumen los cargos son el ex jefe de la unidad de carretas del entonces ministerio de Fomento, Esteban Marino, al que piden 5 años de prisión y 10 de inhabilitación por cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación; y un vigilante de carreteras del ministerio, que se enfrenta a 7 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación por cohecho, fraude, apropiación indebida y prevaricación.
Más allá de los acuerdos de la mayoría de los acusados con la acusación pública, los hechos que apunta la prolija instrucción de este caso acontecieron entre 2006 y 2011, y comenzaron con la adjudicación del contrato de mantenimiento de carreteras del estado en el norte de la provincia.
Una adjudicación que la acusación afirma que estuvo dirigida desde el pliego de prescripciones por los que aparecen como cabecillas de esta trama de corrupción: el entonces jefe de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento en Zamora y un ingeniero técnico de su departamento.
Ambos, dice la acusación, no sólo redactaron el pliego de condiciones, sino que también controlaron el proceso para adjudicar el contrato a la Unión Temporal de Empresas Copcisa-San Gregorio, por encima de otras ofertas que ofrecían mejores condiciones.
No sólo eso, sino que también permitieron que la adjudicataria incumpliera las condiciones del contrato, certificando y abonando los pagos como si todo fuera correcto, dice la acusación que también incluye, como participantes en ese proceso, a otros dos funcionarios de Fomento, encargados o vigilantes de carreteras.
La acusación también desglosa la defraudación y estafa al Ministerio de Fomento por parte de responsables de le empresa contratada, con el jefe coax de la UTE Copcisa-San Gregorio a la cabeza, en la adquisición de sal para ser esparcida en la temporada de viabilidad invernal.
Dice la acusación que se llegaba a poner en los partes diarios el uso del doble de la sal esparcida en las carreteras, para lo cual se llegaron a manipular o anular los sistemas GPS de seguimiento de las máquinas, para que no se controlara la sal realmente esparcida.
Y no sólo eso, sino que al menos en los años 2007 y 2008, la empresa de conservación trajo sal de desecho y mala calidad, incluso regalada, de las empresas bacaladeras de Aveiro en Portugal, que contenía exceso de impurezas, escamas, espinas y desechos de pescado, que no era apta para el deshielo de las calzadas.
Una sal que no sólo se facturó como buena (era regalada o costó menos de 15 céntimos tonelada, pero se cobró entre 50 y 60 euros tonelada, lo que supuso una defraudación de 290.000 euros, según refleja el informe de la acusación), sino que provocaba frecuentes atranques de las máquinas esparcidoras.
La fiscalía constata que el control de los funcionarios de Fomento era nulo.
El relato de hechos de la acusación pública también se detiene en la realización de trabajos en propiedades particulares de funcionarios de Fomento o trabajadores de la propia UTE, por parte de personal de la empresa y con material de la UTE e incluso llegando a alquilar herramientas para realizar algunos trabajos.
Trabajos ordenados por responsables de la UTE y solicitados por los funcionarios de Fomento, dice la acusación, mientras en los partes figuraba que esos trabajadores habían estado en otras tareas propias de la conservación de carreteras, y así se facturaba al Ministerio de Fomento.
Se cita la reparación de un turismo a un encargado de carreteras de fomento; la ejecución de un cuarto de baño en la vivienda de un vigilante de carreteras; trabajos en un chalet y una vivienda del ingeniero técnico de la unidad de Carreteras Fomento.
No sólo eso, sino que también se apunta que se contrató en la UTE de conservación de carreteras al suegro y al cuñado del ingeniero técnico de Fomento, y a su esposa en una subcontrata.
A todas esas irregularidades, la acusación añade la venta de material del ministerio de Fomento para beneficio particular, el repostaje de gasolina de vehículos particulares con cargo al contrato, la entrega de regalos diversos, y la desaparición de documentación para borrar pruebas.
Según la acusación, entre 2006 y 2011 se desmontaron más de 67 toneladas de biondas retiradas de la N525 y la A52, que en su mayoría no se reutilizaron y que tendrían un valor de unos 135.000 euros como chatarra.
Un dinero que no fue ingresado en las arcas del Ministerio, sino que habría sido vendido por varios de los acusados, incluidos funcionarios de Fomento.
Igualmente se constata el repostaje de gasolina en determinadas gasolineras de Zamora, con cargo al contrato de conservación, de vehículos particulares de personal de Fomento y de la UTE, así como de una familia que nada tenía que ver con la empresa, como pago, dice la acusación, por el cuidado y atención de la abuela del jefe de la UTE.
También se constata la existencia de una “práctica habitual” de regalos a funcionarios de Fomento y encargados de la UTE, desde televisores, vinos, microondas, ordenadores, un combi y videocámaras, hasta equipaciones de golf, caza, entradas para los toros, abonos para el fútbol, jamones y estancias en hoteles para funcionarios de fomento y sus familiares.
Y como colofón, los requerimientos judiciales de documentación al Ministerio de Fomento sobre el contrato de conservación de carretas, se encontraron con la manipulación y desaparición de documentos, que no han aparecido ni en Valladolid ni en Madrid.
