Pacto de (todas las) rentas

Palencia

Buenos días, hace unas semanas el Secretario Provincial de la UGT decía que en Palencia los precios estaban subiendo casi nueve veces más que los salarios. Aunque el IPC se esté moderando, es seguro que la inflación media en diciembre está entre seis y siete puntos por encima del incremento salarial. Subir los salarios es hoy, además de justicia social, una necesidad económica, más si cabe, en una provincia como la nuestra donde la demanda interna, fruto del consumo de cada uno de nosotros, es el principal factor de actividad.

En toda crisis económica la decisión política a tomar es sobre qué parte de la sociedad se va a hacer recaer el coste de la misma, quién será el pagano y quién saldrá indemne e incluso beneficiado. Lo justo es pactar el reparto de esfuerzos y sacrificios, pero en la crisis de la década anterior, con un Gobierno del PP, se hizo recaer los costes exclusivamente sobre trabajadores, desempleados, empleados públicos y pensionistas. Incluso las subidas generalizadas del IRPF y el IVA, además de copagos y repagos, afectaron más a los más débiles.

No se buscó un pacto de rentas sino una devaluación salarial mediante la reforma laboral impuesta de 2012, que convirtió derechos de los trabajadores en privilegios recuperados por las empresas, se vació el Fondo de las Pensiones a la par que, por una cantidad parecida, se regalaban, sin vuelta, 70.000 millones a la banca.

A los empleados públicos, además de la reducción salarial de 2010, se nos tuvo cinco años con el salario congelado, a los pensionistas se les condenó un lustro a incrementos anuales del 0,25%, sin revisión, incluso, a los desempleados, que llegaron a ser en nuestra provincia

15.900, justo hace diez años, el doble que ahora, se les rebajaron las prestaciones por desempleo y se eliminó el Subsidio para mayores de 52 años.

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No hubo pacto porque, desde el principio, se buscó aprovechar la crisis para una especie de revancha de los poderosos con el BOE como ariete.

Ahora estamos inmersos en una crisis energética e inflacionista que exige un pacto de rentas, pero de todas las rentas, de las del trabajo y de las del capital. Un pacto doble, tanto en la distribución como en la redistribución de la riqueza creada.

Un pacto en la distribución, en las empresas, entre salarios y beneficios, que afecte al sector privado y al público, a los activos, a los pensionistas y a los desempleados.

No estoy hablando de aplicar escalas móviles de salarios, de subidas automáticas según la inflación, pero sí de recuperación, en un tiempo razonable, de la desviación de los precios mediante cláusulas de garantía salarial.

El Gobierno actual, con acuerdos con UGT y CCOO, ha cumplido su parte con las más de 47.000 pensiones de nuestra provincia, con los salarios de los 10.476 empleados públicos y con los desempleados subiendo sus prestaciones. Ahora estos sindicatos tienen que sentar a la patronal a negociar un pacto salarial. Solo hay dos vías, el convencimiento o la presión. Me parece que sólo queda la presión que será tanta como lo sea el compromiso y la implicación de cada uno de nosotros en las movilizaciones que han de convocarse. Vamos a ello.

Pero también un pacto de rentas en la redistribución, con una fiscalidad progresiva que garantice que nadie se quede atrás y un fuerte Estado de Bienestar, con la sanidad y la educación públicas a la cabeza.

Las medidas anunciadas en los PGE para el próximo año van en la línea adecuada. Es bueno que los ciudadanos tengamos más euros en nuestro bolsillo, pero por la vía de garantizar salarios no dejándonos un euro y medio más al mes del IRPF al impagable precio de destrozar los servicios públicos. ¿De qué nos servirán tener unos euros más en el bolsillo si tenemos que hacer frente a la factura de 15 días de estancia en un hospital?

Es en las crisis cuando hay que pedir a cada uno según su capacidad y dar a cada cual según su necesidad.