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Zona bajas emisiones

El PP afirma que el equipo de gobierno está cometiendo un fraude de ley con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la zona de bajas emisiones

La portavoz popular, Carolina Blasco, considera que se trata de un error de hecho y alude a un fallo en los controles municipales

Carolina Blasco y César Barriada durante la rueda de prensa / Cadena SER

Carolina Blasco y César Barriada durante la rueda de prensa

Burgos

El grupo municipal popular afirma que el equipo de gobierno de la ciudad está cometiendo un fraude de ley con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la zona de bajas emisiones. La razón que expone el Partido Popular es que no existe un estudio de seguridad y salud que respalde este plan. La portavoz popular, Carolina Blasco, considera que se trata de un error de hecho y alude a un fallo en los controles municipales. Blasco ha anunciado que su grupo va a solicitar el recurso extraordinario de revisión del plan de seguridad.

Blasco se ha referido a la zona de bajas emisiones como un pelotazo tecnológico que está, en su opinión, desperdiciando fondos europeos y ha afirmado que el proyecto no se puede aprobar porque no existe cuantificación del proyecto ni los requisitos básicos del mismo. “Exijo a Daniel de la Rosa rigor cuando el dinero público está en juego porque, aunque se hable de fondos europeos, es dinero de todos los europeos, también de los burgaleses”, ha sentenciado Blasco.

La portavoz popular ha vuelto a proponer que la zona de bajas emisiones no se limite a un espacio concreto, sino que se extienda a toda la ciudad.

El PP cree que PROMUEVE está fuera del mundo digital

El concejal popular César Barriada ha reiterado que la gestión del bipartito del PSOE y Cs al frente de la Sociedad Promueve deja claro que “los tiempos de Promueve no son los tiempos de la ciudad de Burgos”, tal y como demuestra lo que ha sucedido con la puesta en marcha de su página web. El edil popular ha explicado que en octubre de 2021 se aprobaban los pliegos preceptivos, si bien no fue hasta el 15 de diciembre cuando se cerró el plazo para la presentación de ofertas y, dos meses después, el 24 de febrero, cuando se elevó al Consejo de Administración la propuesta de adjudicación.

Días más tarde, el 7 de marzo, se presentaba una reclamación por parte de una de las empresas interesadas, lo que obligaba a posponer la adjudicación final al 21 de ese mismo mes, obligando a la formalización del contrato en los quince días hábiles siguientes, un plazo que se incumplía y tras el que se abría un periodo de cinco meses para la puesta en marcha del portal web. Transcurrido ese tiempo, que expiraba el 21 de septiembre, se producía un nuevo incumplimiento y el resultado es un portal alejado de todos los estándares de accesibilidad y modernidad exigibles en un momento como el actual y para una ciudad como Burgos.

 
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