A exposición pública la nueva ordenanza de venta ambulante
El documento recoge la reglamentación específica de cada mercadillo, incluido el dominical de Santa Catalina, todavía en proyecto
Imagen de archivo de las restricciones adoptadas en mayo de 2020 en el mercadillo de los sábados / Vicente Herrero
Aranda de Duero
Sale a exposición pública la nueva ordenanza reguladora de la venta ambulante. La página web del Ayuntamiento de Aranda publica el texto íntegro de este documento, recientemente aprobado, entre otras cosas para dar cobertura legal al futuro nuevo mercadillo dominical.
La ordenanza, entre otras cosas, especifica los productos que se pueden vender en los diferentes mercados, tanto el de los sábados, como este nuevo, que tendrá su emplazamiento en el barrio de Santa Catalina. En este último caso, el 45% de los puestos está destinado a productos de confección, calzados, marroquinería (que no sea artesanal), bisutería y complementos en general. Un 35%, se reserva para fruta, verdura, planta y flores, productos de la tierra, frutos secos, encurtidos, teniendo preferencia los productos autóctonos, con el fin de fomentar una producción sostenible y ecológica. La quinta parte restante del mercado albergará artesanía en sus distintas formas (cerámica, pintura artística, escultura, barro, vidrio, tallas, forjas, mimbre, cuero artesanal, o cualquier otro objeto de fabricación artesanal), permitiéndose también la venta de sellos, monedas, antigüedades y libros.
La ordenanza, que se somete a un plazo de veinte días hábiles para posibles alegaciones o sugerencias de las personas afectadas antes de su aprobación definitiva, también recoge otras citas de venta ambulante, como son la que se celebra durante las fiestas patronales, donde está prohibida la venta de alimentos, el mercado de flores con motivo de la festividad de Todos los Santos, incluso la venta de castañas asadas, de carácter estacional, limitado a las fechas que van desde el 1 de octubre al 31 de enero.
Esta reglamentación recoge también los supuestos incumplimientos que se podrían producir y su correspondiente régimen sancionador, que va desde 60 euros para las infracciones más leves hasta los 3.000 y la revocación definitiva de la autorización para los casos más graves.
