Alertan del riesgo de colapso en los juzgados de violencia de género al ampliar sus competencias

Toledo

Preocupación en los juzgados de violencia de género de Castilla-La Mancha por la entrada en vigor de la nueva ley de eficiencia procesal y el impacto que podría tener en estos órganos judiciales al ampliar sus competencias. Algunos magistrados advierten del riesgo de colapso si la medida no va acompañada de un aumento de los recursos. La norma establece que, a partir de septiembre, además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja, estos juzgados también deberán hacerse cargo de la investigación de otros delitos sexuales o por razón de género.

Entre esos delitos se encuentran los relacionados con agresiones sexuales, matrimonios forzosos, acoso sexual o la trata de seres humanos. Un aumento que, denuncian muchos magistrados, no va acompañado del necesario refuerzo de los recursos humanos y materiales. "Si aumentas el trabajo pero no los recursos se trabajará peor y más lento", explica José Ramón Bernácer, juez decano de Toledo, que recuerda la importancia de la rapidez en los casos de violencia machista. "Se quiebra además el espíritu de estos juzgados dedicados a combatir la violencia machista".

La ley da un plazo de nueve meses para que estos juzgados asuman la nueva carga. Bernácer cree que su aplicación, tal y como está diseñada, será difícil y no descartan cambios hasta entonces para adaptarla a esta falta de recursos, sobre todo en aquellas provincias que, como Toledo o Albacete, cuentan con un único juzgado de violencia sobre la mujer. "En Toledo el juzgado de violencia sobre la mujer comprende tres partidos judiciales. Si ahora van a conocer de los delitos contra la libertad sexual de esos tres partidos judiciales no quiero ni pensarlo", señala Bernácer.

Los datos auguran un incremento exponencial de los procedimientos que deberán asumir estos juzgados. Según la Memoria Judicial de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete atendió ese año más de mil asuntos de orden penal y resolvió 241 órdenes de protección. En 2023, el número de casos por delitos sexuales en esa provincia fue de 140. Una falta de medios que el Ministerio de Justicia espera paliar con un real decreto que agilizará la creación de plazas de jueces de violencia de género.