Sociedad

Gobierno de Castilla-La Mancha, UPA y ASAJA firman un acuerdo para gestionar las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (ZEPA)

El plan contempla que cada agricultor podrá recibir hasta 192 euros por hectárea

Castilla-La Mancha firma un acuerdo junto a ASAJA y UPA para gestionar las zonas ZEPA

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las principales organizaciones agrarias, UPA y ASAJA, han firmado un documento de posición conjunta en la gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (ZEPA). Así lo han escenificado el presidente regional, Emiliano García Page, acompañado de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y de los representantes de UPA, Julián Morcillo, y de ASAJA, José María Fresneda.

El documento en cuestión tiene una vigencia de cinco años, de 2024 a 2029, el mismo periodo de aplicación de las ayudas contempladas en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y supone permitir las plantaciones de leñosos en el 80 por ciento de la superficie aprobada en el plan anterior del 2017-2023. En total, el cupo de leñosos alcanza las 3.086,38 hectáreas.

El plan contempla ayudas compensatorias a los agricultores por valor de algo más de 41 millones de euros. Como en las zonas ZEPA la producción se reduce, con este nuevo acuerdo se pretende compensar a los agricultores.

Cada uno podrá de esos agricultores podrá recibir hasta 192 euros por hectárea. Los beneficiarios son los provenientes del periodo anterior, en torno a 1.500 titulares de cereal de secano, alcanzando un total de 45.000 hectáreas ubicadas en estos espacios Red Natura 2000.

El sector del campo y el conservacionista formarán la comisión de seguimiento

El acuerdo, además, incluye una comisión del seguimiento del plan. La revisión intermedia del Plan será entre las organizaciones agrarias y grupos conservacionistas, en este caso Ecologistas en Acción, Seo BirdLife y WWF, para seguir evaluando la idoneidad de las actuaciones, con una comisión de seguimiento activo del Plan de Gestión, su grado de cumplimiento y consecuencias, y manteniendo reuniones periódicas para evaluar tanto los beneficios como posibles afecciones.

Según la consejera de Desarrollo, dicha comisión "va a permitir una evaluación intermedia de los trabajos" que se hacen, "con informes independientes" que "marquen el camino" de qué es lo que hay que hacer para "hacerlo bien".

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