¿Ha muerto Montesquieu?

Ciudad Real

Las democracias se sustentan en la división de poderes de acuerdo a la teoría de Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Legislativo lo conforma el pueblo representado en el Parlamento. El Ejecutivo es elegido por el Parlamento con la mayoría imperante. O dicho de otro modo, los ciudadanos/as son quienes se dotan de su Ejecutivo y de sus propias leyes. Y el Judicial lo conforman los ciudadanos/as que acceden a la carrera judicial. Con estos antecedentes, el Ejecutivo legisla y el Judicial acata lo legislado.

Son pues los jueces/as ciudadanos/as que, como otros/as, gozan del derecho de voto, manifestación y opinión.

En noviembre pasado, mil jueces, fiscales y letrados se manifestaron, no en defensa de sus derechos que les afecta directamente: la caducidad del Consejo General del Poder Judicial. Sino contra una Ley que no existía, la de amnistía y el pacto que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

En el mismo mes, ¿casualidad?, el juez Manuel García Castellón, empezó a investigar por terrorismo a Carles Puigdemont, pese a que le abrió causa ¡cuatro años antes!... Y a medida que la ley de amnistía avanzaba en el Congreso, el mismo juez, dictó cuatro autos en veinticuatro horas para sortearla.

A sabiendas que la división de poderes no cercena el derecho de los ciudadanos/as a mantener su opinión, cuando de jueces y división de poderes se trata, estaría bien aplicarse la máxima (machista) de Gayo Julio Cesar: “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo”.

¿Cuánto daño puede hacerle a una democracia que uno de sus poderes no adapte los tiempos de sus funciones al espíritu de Montesquieu?