Salud mental en prisión: un proyecto regional

Albacete

Desde hace unos años, la salud mental se ha instalado como un problema social relevante en el catálogo político. Si hasta hace poco se consideraba una cuestión meramente individual, ahora se aborda como un problema que atañe a toda la sociedad. Sin ir más lejos, abruma la incidencia del suicidio en nuestro país (casi 4.000 al año), tras el cual puede hallarse casi siempre un origen patológico mental.

A nadie se le escapa que el problema incide de manera más intensa en la población reclusa. Y hay demasiados presos en España, digan lo que digan los portavoces del populismo punitivo. Aproximadamente un 50% más que en Alemania -en términos relativos- y un 25% más que en Francia o Italia, países que confían en formas de resolución de los problemas penales menos aflictivos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias realiza cada 5 años la Encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias (ESDIP), indicando la última que un 30% de personas recluidas recibe tratamiento por una patología mental, no sólo por drogas. Pero el problema presenta además un sesgo de género, porque afecta en mayor medida a las mujeres. A finales de 2020 se encontraban incluidos en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales casi 2000 internos.

Para ofrecer soluciones a este problema, el Grupo de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que dirijo, integrado por un nutrido grupo de penalistas y criminólogas, ha visto aprobado un Proyecto que pretende realizar un abordaje regional de este problema, para lo que contamos con una de las máximas especialistas en la materia en toda España: mi compañera Cristina Rodríguez Yagüe, profesora en el Campus de Ciudad Real. Ambos dirigimos este Proyecto, que incluirá tanto entrevistas y encuestas con la dirección de los centros penitenciarios y profesionales directamente involucrados como las denominadas encuestas de bienestar, con las que se dará voz a cómo los internos e internas con enfermedades mentales viven y experimentan su paso por un centro penitenciario.

El proyecto, que durará 2 años, será financiado por la propia Universidad de Castilla-La Mancha con fondos de la Unión Europea le costará al contribuyente menos de 8.000€. La cantidad de horas de trabajo, de viaje, de análisis, debate del equipo de investigación y presentación final del Proyecto, costaría 10 veces más, como poco, si fuera tarifada a precio de mercado. Téngase esto en cuenta esto cuando se escuchan propuestas de reducción del gasto público basadas únicamente en la depredación privada de los recursos. La Universidad pública es rentable, es igualitaria y es garantía de equilibrio regional.

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