Comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara por el fraude del IVA

Guadalajara

Con el análisis de las 'cuestiones previas' ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio contra un total de 27 personas que fueron investigadas por la Policía Judicial de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria y acusadas por fraude en el IVA.

Se trata de un complejo macro proceso judicial con 27 acusados en el banquillo, 44 empresas relacionadas y 101 cajas de documentación. Hubo también numerosas intervenciones telefónicas.

Las acusaciones están ejercidas por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado que consideran a los acusados autores de los delitos de defraudación tributaria y falsedad documental para los que se piden penas que oscilan entre los 18 y los 12 años de prisión. Un juicio que está previsto se prolongue durante dos meses y medio.

PIDEN LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

En el comienzo de la vista los abogados defensores han pedido la suspensión y la nulidad de las actuaciones considerando que en el proceso de instrucción se han vulnerado sus derechos. Hablan de no tener acceso a todo el material probatorio, de nulidad de las grabaciones telefónicas, de ruptura de la cadena de cuestodia o de acusaciones generales a todos los acusados sin individualizar la participación de cada uno.

Se ha hecho un receso de una hora para que las partes examinaran cada uno de los acontecimientos concretos que motivan estas peticiones de nulidad y después se ha reanudado la vista. La sala ha desestimado las cuestiones previas planteadas por las defensas, el juicio proseguirá mañana con la toma de declaración a los acusados. Los abogados que han planteado estas cuestiones previas y habían pedido la suspensión o nulidad han expresado su protesta y han anunciado recursos en este sentido.

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Las acusaciones consideran que estas personas habrían constituido o trabajado en un entramado de 44 empresas creadas para defraudar a Hacienda vendiendo componentes informáticos  y electrodomésticos adquiridos de otros países de la Unión Europea, repercutiendo el IVA al cliente, pero no ingresándolo. Para ello, se deducían facturas falsas emitidas por sociedades instrumentales para evitar ingresar el impuesto, obteniendo así importantes beneficios económicos

Calculan que dejaron de ingresar, desde el año 2014 al 2017, un total de 29.303.330 euros.

En la cúpula de la trama habría dos hombres además de la mujer de uno de ellos y la hija del otro. Para ellos la fiscalía pide un total de 18 años y medio de prisión y multa de 58 millones de euros (el doble de lo defraudado) con un año y cinco meses más de cárcel en caso de impago. Les considera autores de un delito fiscal y otro de falsedad.

Para otro socio y su pareja se solicitan 14 años y medio de prisión y también 58 millones de euros de multa.

Y para un total de 19 testaferros y trabajadores de las empresas se solicitan 12 años y medio de prisión, para cada uno, y otros 58 millones de multa.

Como responsabilidad civil directa y solidaria de todos los acusados el Ministerio Fiscal solicita la devolución de lo defraudado, algo más de 29 millones de euros, más los intereses legales.