Un país que reconozca los derechos sociales

Albacete

Cuando alguien cumple 44 años se suele decir que es una persona madura, que ya ha evolucionado personal e intelctualmente lo necesario para considerar que acredita un desarrollo adecuado.

Esa es precisamente la edad que acaba de cumplir nuestra Constitución, nacida en 1978 tras un doloroso parto en el que las fuerzas políticas de izquierda y derecha lograron un consenso suficiente como para darle la vuelta -en sólo 3 años- a un régimen dolorosamente autoritario.

Ya es hora, sin embargo, de que seamos capaces de reformar el texto constitucional para plasmar en él algunos logros de la evolución social y política de nuestro entorno nacional e internacional.

En primer lugar, habría que reformar el art. 15 para abolir la pena de muerte por completo, ya que en la actualidad el texto permite su imposición en “las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Se trata de una coletilla obsoleta, que puede entenderse anulada a raíz de la ratificación por España del Protocolo n° 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero, como ocurría en el cuento de Monterroso, “la pena de muerte sigue ahí” y no debería estar.

Otra reforma necesaria es la inclusión de determinados derechos sociales que ya aparecen reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que data de un 10 de diciembre de hace 74 años. Algunos de esos derechos cuentan ya con una cobertura suficiente, aunque no óptima, en nuestra legislación: los derechos a la sanidad universal y a la educación. Otros, sin embargo, son objeto actualmente de disputa política, como el derecho a un salario justo, a la vivienda, a una protección social suficiente que incluya el derecho al salario mínimo adecuado y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos para buscar trabajo, evitando la pobreza de los ocupados. Esta aspiración, que a algunos -por lo que parece- les resulta revolucionaria, está plasmada en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuyos 20 principios deberían tener reconocimiento generalizado en nuestro país, sin que quepa la habitual diletancia de quienes sólo piensan en el confort de su parcela.

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El Plan de Acción fue publicado el 4 de marzo de 2021 y en él puede leerse que los 20 principios del pilar europeo de derechos sociales son el faro que nos guía hacia una Europa social fuerte y que determinan el enfoque del nuevo «código normativo social». Expresan principios y derechos esenciales para el funcionamiento correcto y justo de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. Los 27 Estados miembros están comprometidos con esta idea y España debería abanderar su reconocimiento efectivo en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.