Suspendido el juicio contra los 8 activistas que entraron a la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo para evitar un desahucio
La vista oral, fijada para hoy, se suspende por la huelga de letrados de la administración de justicia
Edificio juzgados Guadalajara
Guadalajara
El juicio contra 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara fijado para el día de hoy se ha suspendido como consecuencia de la huelga de letrados de la administración de justicia, lo que antes se denominaba secretarios judiciales.
Después de esperar 5 años para celebrar la vista oral, se han encontrado con este contratiempo, que según nos ha comentado una de las acusadas, alarga todavía más su agonía. De nuevo se tendrá que fijar fecha para este juicio de una causa que lleva instruyéndose desde diciembre de 2017.
En esa fecha fueron detenidos por llevar a cabo una acción de protesta en el interior de la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo para evitar un desahucio.
Los acusados, 5 hombres y 3 mujeres, acompañaban a una mujer, Paola, que estaba negociando con la entidad para evitar el desahucio de la vivienda que ocupaba.
Poco antes de las 2 de la tarde el director les pidió que se marcharán porque tenían que cerrar la oficina, a lo que se negaron. Fue entonces cuando se avisó a los Cuerpos de Seguridad y se personaron Policía Local y Guardia Civil. Los agentes les dieron 15 minutos para marcharse pero ellos permanecieron en la oficina por lo que fueron detenidos.
En el interior de la oficina de Caixabank/Foto PAH Guadalajara
En el interior de la oficina de Caixabank/Foto PAH Guadalajara
Por estos hechos la fiscalía les acusa de un delito de resistencia grave a los agentes y de un delito leve de allanamiento de local abierto al público y solicita 10 meses de prisión por el primero de los delitos y dos meses de multa que sumarían 600 euros, por el segundo de los delitos.
La acusacion, que representa a Caixabank, estima que además hubo un delito de coacciones y otro de desórdenes públicos y sus peticiones de pena suman 3 años y 2 meses de prisión y 3.600 euros de multa.
Por su parte la defensa de los 8 acusados sostiene que la presencia en la oficina fue totalmente pacífica, no hubo violencia alguna, ni alteración del orden público. Respecto al allanamiento de local publico, considera que este delito leve habría prescrito. Por tanto pide la absolución de todos sus defendidos.
Queda el caso, por tanto, a expensas de una nueva fecha para la celebración del juicio.
