El alcalde de Fontanar considera que la denuncia contra él obedece a cuestiones políticas ya que "todo se hizo correctamente"
Ha comenzado el juicio contra Víctor San Vidal y una empresaria acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos
Juicio en la Audiencia Provincial, caso Fontanar
Guadalajara
En el banquillo de la Audiencia Provincial de Guadalajara, y acusados por prevaricación y malversación de caudales públicos, se ha sentado hoy el alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, y una empresaria a la que se adjudicó una obra municipal para terminar la urbanización de un sector. La denuncia partió del grupo municipal Ahora Fontanar.
ACUSACIÓN
La acusación considera que el alcalde se aprovechó de su cargo para adjudicar unas obras a una empresa administrada por la otra acusada, madre de un amigo suyo, empresa que cuando se le adjudicaron los trabajos todavía no estaba constituida y que se constituyó días después exprofeso para estas obras. La Fiscalía señala que se introdujeron modificaciones que aminoraban el presupuesto inicial. Sin embargo, la acusación señala que el alcalde le abonó la cantidad total de 59.444 euros toda vez que muchos de los trabajos encargados no se habían ejecutado y la empresa solo justificó gastos por 24.262 euros, por lo que hubo quebranto para las arcas públicas.
DECLARACIÓN DEL ALCALDE
El alcalde ha defendido la adjudicación directa porque al ser obra menor la ley lo permite, porque además es difícil encontrar empresas para este tipo de trabajos en un pueblo pequeño y porque conocía a esta empresaria de su labor en el Vivero de Empresas y la veía perfectamente capaz. Siempre se ha hecho así en los contratos de obra menor, ha señalado San Vidal. El alcalde considera además que todo se realizó de forma correcta y que este proceso obedece a una guerra política contra él.
Víctor San Vidal, juicio Fontanar
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La otra acusada ha negado, en su declaración, que tanto ella como su hijo tuvieran relación de amistad con el alcalde.
Recordamos que tanto el alcalde como la empresaria acusada se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 4 años de prisión y 9 de inhabilitación para empleo o cargo público.
