Contra los indultos, arbitrariedad

El 22 de febrero de 2022 (fecha casi cabalística) el Tribunal Supremo decidió que PP, VOX, CIUDADANOS y una extraña asociación católica de nombre Sijena y Jerusalén, dirigida por un profesor de religión y director de coro de niños (“cosas veredes”) carecían de legitimidad para impugnar los indultos a los líderes del Procés. Indultos ha habido muchos, por ejemplo a los golpistas del 23F o a los responsables de los GAL. Pero entonces no hubo oposición como esta de ahora.

La razón de esa negativa estribaba en su falta de condición de víctimas del delito, ya que la sedición es contraria al orden público, pero carece de víctimas personales. “Es el interés legítimo, cualificado y específico, que deriva de haber sido dañado por el delito -dijo entonces el Tribunal Supremo-, en calidad de ofendido, perjudicado o víctima, el que permite acceder a la impugnación”....¿qué dirá ahora? ¿ha cambiado algo la legislación en estos 3 meses? Obviamente no. Lo que ha cambiado es la composición del Tribunal, que ahora cuenta con un magistrado más afín a los 3 partidos citados; por eso lo que en febrero era NO, en mayo es SÍ...y cabe preguntarse ¿Ha habido un interés político en la decisión? La pregunta casi ofende: por supuesto que sí.

La irritación de muchos ciudadanos con la megalomanía independentista y sus prácticas inconstitucionales, que resulta totalmente comprensible, no permite saltarse la Ley a la torera y cambiar lo blanco por negro simplemente porque se trata de políticos desleales a la Constitución. En un Estado de Derecho, la ley es la ley, sin aditivos. La condena del Tribunal Supremo por el delito de sedición fue duramente contestada por muchos juristas, que vieron en la decisión de 2019 un intento de salvar tantos meses de prisión preventiva, justificada porque supuestamente se había producido una rebelión, algo que negó al fin el propio Tribunal Supremo.

El Gobierno tenía la facultad de indultarles, apelando al interés general, y lo hizo. Ya digo, como antaño a los golpistas de 1981 o a los protagonistas ignominiosos de los GAL. Sin embargo, ahora se trata de utilizar el Tribunal Supremo para que una de sus Salas tome las decisiones políticas que los partidos de la oposición no saben o no pueden tomar, por la sencilla razón de que no detentan el Gobierno. Y son los mismos que se jactan públicamente de adoptar decisiones al margen de la ley para lucrarse económicamente, o de bloquear órganos constitucionales de primer orden, buscando siempre la legitimidad en lo que el pueblo diga, al estilo de un tal Jesús Gil, que parecía un aficionado en comparación con los de ahora.