El Gobierno de Cantabria asumirá temporalmente el 50% de descuentos en el transporte regional por carretera

Cantabria

El Gobierno de Cantabria asumirá de manera inmediata y temporal el 50% del coste del transporte regional por carretera. Una decisión que llega tras el rechazo del propio Partido Popular en el Congreso de los Diputados al decreto Omnibús que incluía esa medida de descuento que el Gobierno Central no podrá asumir tras el rechazo del decreto por parte de populares, Junts y Vox.

María José Saénz de Buruaga ha informado por medio de sus redes sociales de esta medida tomada por el Gobierno regional. Desde Cantabria el Gobierno asumirá de forma inmediata ese transporte, ya que Buruaga considera que "los cántabros no pueden pagar la debilidad de Pedro Sánchez".

De esta forma además de cumplir con la parte que se estaba costeando desde Cantabria, el 20% de ese descuento, se asumirá el 30% restante que hasta la semana pasada estaba asumiendo el Gobierno Central.

Buruaga ha valorado la decisión del Gobierno Central como "un serio problema", que ha sido para "utilizar a los pensionistas, a los beneficiarios de estas ayudas en el transporte (100.000 en Cantabria) y a los afectados por la DANA, como rehenes para pagar los precios políticos de los socios del Gobierno Central".

Finalmente Buruaga ha valorado esta decisión de su equipo de Gobierno como un "Gobierno responsable" que exige a Pedro Sánchez y su Gobierno que "también lo sea y apruebe estas medidas ya".

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Los que tengan su abono podrán usarlo hasta finales de abril

No obstante, los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia ya emitidos se podrán seguir utilizando hasta que finalice su vigencia en abril, ha informado la Delegación del Gobierno.

Los abonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías eran gratuitos este año en Cantabria, independientemente de lo que sucediera en España, fruto del acuerdo alcanzado en febrero de 2023 entre Cantabria y Asturias con el Ministerio de Transportes tras conocerse los errores de fabricación de los 'trenes que no cabían por los túneles'.

La entonces ministra del área, Raquel Sánchez, acordó con los gobiernos autonómicos de Cantabria y Asturias que, hasta que estén los nuevos trenes, el Gobierno de España, a través de los Presupuestos Generales del Estado, transferirá los recursos necesarios para la bonificación del servicio.

En un comunicado, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha reprochado este miércoles al Partido Popular la decisión de "tumbar", junto a Junts y Vox, este Real Decreto que incluía un conjunto de medidas "destinadas a proteger la economía, apoyar a sectores vulnerables y fomentar la sostenibilidad y eficiencia energética".

Según Gómez de Diego, esta postura demuestra que el PP "actúa sistemáticamente en contra del interés general" y "antepone sus intereses partidistas al bienestar de los ciudadanos de Cantabria y de toda España".

En un comunicado, la delegada ha lamentado que entre las medidas que no podrán aplicarse tras el rechazo del Real Decreto se encuentra la gratuidad de los trenes de cercanías para Cantabria en 2025, una iniciativa que estaba beneficiando a miles de cántabros. En este sentido, ha denunciado que "una vez más, el PP da la espalda a los ciudadanos, demostrando que no está comprometido ni con la movilidad ni con el progreso de nuestra región".

"Es indignante la postura del PP para perjudicar a Cantabria y al conjunto de España", ha subrayado Gómez de Diego, haciendo énfasis en los efectos negativos de esta decisión para los 131.000 pensionistas de Cantabria porque el rechazo impide la revalorización del 2,8% de las pensiones en general, del 6% para las mínimas, del 9% para las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, y del 9,1% para pensiones de viudedad con cargas familiares. "Están negando a miles de mayores y familias vulnerables un aumento necesario para afrontar la inflación", ha afirmado.

También ha destacado el impacto en las administraciones locales, ya que el texto incluía el incremento de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos. "El PP ha optado por bloquear recursos imprescindibles para mejorar los servicios públicos y garantizar la estabilidad financiera de nuestros municipios", ha criticado.

La industria electrointensiva también se verá perjudicada, según ha explicado la delegada, al eliminarse el descuento del 80% en peajes eléctricos hasta 2025, una medida que consideraba clave para mantener la competitividad de las empresas cántabras.

Asimismo, las deducciones fiscales para eficiencia energética en viviendas y vehículos eléctricos también han quedado fuera. "Es incomprensible que el PP boicotee medidas que promueven la sostenibilidad y la transición ecológica, algo que demandan tanto las empresas como los ciudadanos", ha declarado.

Gómez de Diego también ha alertado del impacto sobre los trabajadores con rentas más bajas, que no podrán beneficiarse de la elevación del límite de ingresos a 22.000 euros para estar exentos de presentar la declaración del IRPF. "Con esta decisión, el PP no solo perjudica a las familias con menos recursos, sino que evidencia su falta de sensibilidad hacia los problemas reales de los ciudadanos", ha afirmado.

"El Partido Popular ha demostrado, una vez más, que su prioridad no es el interés general, sino bloquear cualquier iniciativa que beneficie a la mayoría social", ha concluido Gómez de Diego.

La delegada ha instado al PP a "reflexionar sobre el daño que están causando" y ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con Cantabria: "No vamos a dejar de trabajar para proteger a las personas, fortalecer la economía y avanzar hacia un futuro más justo y sostenible".