CCOO y UGT apuntan a un “coladero” con la declaración responsable en la ley de simplificación
Sus secretarios generales en Cantabria han comparecido en la comisión de Presidencia del Parlamento regional para valorar el texto de esa ley
Santander
Los sindicatos CCOO y UGT han alertado este miércoles sobre la figura de la declaración responsable que incluye el proyecto de ley de simplificación administrativa de Cantabria, que puede convertirse en un "coladero" si no se mantienen los controles.
Sus secretarios generales en Cantabria, Rosa Mantecón (CCOO) y Mariano Carmona (UGT), han comparecido en la comisión de Presidencia del Parlamento regional para valorar el texto de esa ley, de la que comparten el objetivo de alcanzar una administración "más ágil", pero no "gran parte" de su planteamiento.
Mantecón ha valorado que la norma "parece hecha en gran medida por y para el mundo empresarial" y ha criticado que se pretenda reducir los tiempos de tramitación de los proyectos sustituyendo el control previo de la administración por una declaración responsable, con la "eliminación de la participación ciudadana y la información pública en muchos procesos".
En la práctica, la secretaria general de CCOO entiende que eso puede suponer la "privatización directa" de funciones públicas con la actuación de sujetos privados como son las entidades colaboradoras de certificación y las entidades habilitadas, al tiempo que, a su juicio, introduce elementos de "discrecionalidad que generan espacios de posible influencia política".
"No confundamos la ley de simplificación de trámites administrativos con un tragadero para todo", ha incidido el secretario general de UGT, quien ha alertado de que la figura de la declaración responsable puede conducir a una "falta de control" administrativo.
Y ha criticado que se deje en manos de entidades certificadoras, que solo cobran si sacan adelante el proyecto, el control de esa figura de la declaración responsable, lo que puede convertirse en un "coladero", sobre todo en el ámbito urbanístico.
"Hay que tener mucho cuidado, porque las consecuencias de esto las vamos a pagar todos, y ya tenemos ejemplos anteriores en Cantabria", ha concluido Mariano Carmona.
Falta de memoria económica
En la comisión, que se ha prolongado cinco horas, también han comparecido los presidentes de CSIF y USO en Cantabria, Manuel Garay y Mercedes Martínez, que han coincido en advertir que la simplificación administrativa requiere de inversión y en lamentar que la ley no incluya una memoria económica.
Garay ha señalado que en el proceso de simplificación de los trámites administrativos es "esencial" la transformación digital, sobre todo, de las administraciones públicas, que tienen que responder con los medios necesarios. "Si somos los primeros que no cumplimos, no podemos exigir al ciudadano que cumpla", ha alegado.
Ha reclamado, además, la creación de un portal único para la tramitación unificada de los procesos administrativos y ha pedido que la ley incorpore un catálogo de silencios administrativos positivos, que facilite la labor de los ciudadanos.
Manuel Garay ha demandado también que se establezca un plazo máximo de emisión de informes por la administración de diez días, que si se supera suponga un silencio administrativo positivo para continuar el procedimiento. "El mal funcionamiento de la administración no tiene que pagarlo el ciudadano", ha insistido.
Y ha avisado de que la administración local de Cantabria "no tiene músculo ni medios" para poner en marcha esta ley, por lo que considera que tendrá que ser el Gobierno regional el que cargue con el peso de aplicarla.
"La ley no reduce ningún procedimiento, solo reduce plazos y eso no es una simplificación, sino que complica el problema", se ha quejado la presidenta de USO, para quien la ley "tiene mucho texto, pero falta contenido concreto".
Martínez ha señalado la falta de plazos concretos que contiene la ley y ha llamado a acompañar a facilitar las tramitaciones administrativas a las pequeñas empresas, porque las grandes tienen facilidad económica para hacerlo.
Autoridad del personal sanitario
El primero en comparecer ha sido el presidente de la Organización Médica Colegial y de la Unión Profesional, Tomás Cobo, quien ha subrayado la necesidad de llevar a cabo un cambio en la administración para hacerla "más ágil y cercana al ciudadano".
Como presidente de la Unión Profesional, que reúne a colegios profesionales de distintos ámbitos, Cobo ha aclarado que, en el asunto de las certificaciones, las competencias a la hora del control de las declaraciones responsables seguirán en manos de las administraciones públicas.
En cuanto al ámbito sanitario, ha valorado que la ley reconozca el papel de autoridad pública a los profesionales de la sanidad para luchar contra la "lacra" de las agresiones que van en aumento.
