El Gobierno destina cerca de 13 millones de euros a Cantabria para construir viviendas de alquiler social

Santander

El Gobierno de España ha aprobado este martes destinar 12,9 millones de euros a Cantabria para la construcción de 289 viviendas en alquiler social en edificio energéticamente eficiente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado que la construcción de viviendas en alquiler social se ha elevado a 24.964, superando en un 25 % el compromiso con la Unión Europea financiadas con las ayudas de 1.000 millones de euros del plan de recuperación.

El objetivo inicial del Gobierno eran las 20.000 viviendas pero gracias a los 211 acuerdos firmados con las comunidades y entidades locales- dos de ellos con Cantabria-, esta cifra ronda las 25.000 viviendas, ha explicado Rodríguez, que ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el estado de ejecución de los Fondos PRTR relacionados con el plan de rehabilitación y regeneración urbana.

Más de 100 millones deducidos por rehabilitación

Asimismo, ha asegurado que en 2022 las deducciones fiscales por actuaciones de rehabilitación se extendieron a 57.247 declaraciones alcanzando una deducción de 108,5 millones de euros, lo que supone una media de deducción de 1.900 euros por declaración presentada.

En cuanto al programa de rehabilitación de edificios públicos, dotado de 1.080 millones de euros, el grado de cumplimiento es del 56,95 % respecto a los 290.000 m2 rehabilitados comprometidos con Europa y que se están analizando.

Además, en cuanto a la inversión en rehabilitación de barrios, programa dotado con 3.420 millones, se han firmado más de 285 actuaciones, que suponen 841 millones de euros.

Por lo que respecta a la rehabilitación residencial de vivienda, el Ministerio tiene un total de 197.349 actuaciones aceptadas y 317.509 en estudio.

En total, 514.858 actuaciones con las que esperan lograr e incluso superar el compromiso con la Unión Europea, de 410.000 actuaciones.

El Gobierno se había marcado como objetivo mejorar la antigüedad del parque de vivienda en España y las calificaciones energéticas; aumentar el ritmo de rehabilitación para llegar al objetivo de 300.000 por año en 2030; incrementar el parque público de vivienda en alquiler para alinearlo a la media europea del 9 % o incrementar la calidad residencial y la seguridad jurídica.