Sociedad

La Justicia da la razón a los vecinos de 140 VPOs en Santander y rebaja más de la mitad su precio

Los precios de compra que se habían establecido oscilaban entre los 150.000 euros para pisos de 50 metros cuadrados, y los 300.000 para una vivienda de 70

Viviendas de protección oficial en Primero de Mayo sobre las que se pronuncia la sentencia del TSJC.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado el recurso interpuesto por las personas afectadas de las 140 viviendas de protección oficial del Primero de Mayo que supuso la valoración de sus pisos por encima del valor del mercado, aprobada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, que establecía precios de venta que rondaban los 3.000€ por metro cuadrado, más del doble del precio máximo fijado legalmente para la ejecución de opción a compra de VPOs.

De esta forma la sentencia, revoca las resoluciones de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que desestimaban el recurso interpuesto por los inquilinos contra la cantidad económica fijada por la empresa promotora, Residencial Primero de Mayo S.L. y lo rebaja a un máximo de 1.394,72 euros por metro cuadrado en lugar de los 3.000 euros estipulados en su momento para poder ejecutar la opción a compra de estas viviendas reduciendo así el precio en más del 60%. Además, establece 836,63 euros por metro cuadrado como precio tope para garajes y trasteros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) , da así la razón a los inquilinos afectados por una valoración económica que doblaba la cantidad acordada originalmente con un coste de hasta 150.000 euros para pisos de 50 metros cuadrados o de 300.000 para una vivienda de 70 metros cuadrados, nos precios que establecía la promotora contando con el visto bueno del Gobierno de Cantabria.

La sentencia, podría ser recurrida, pero desde el Gobierno Regional se ha adelantado a la Cadena SER que aunque la sentencia la están estudiando los servicios jurídicos de la consejería, no tiene intención de recurrir y de hecho desde el Ejecutivo se están manteniendo reuniones periódicas con los vecinos afectados en pro de una pronta solución a su situación. Y es que los vecinos siguen abonando los alquileres de sus viviendas.

La sentencia advierte que el Gobierno regional no puede actuar de manera contradictoria respecto a sus propias decisiones anteriores, “es necesario, por tanto, estimar la demanda, basándonos en la infracción de la teoría de los propios actos por la administración, ya que la naturaleza de esta regla según el código civil establece que la norma general según la que no se puede ir en contra de los propios actos constituye una verdadera norma jurídica, emanada de la buena fe“.

 
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