Las demandas por 'okupación' de viviendas bajan un 76% en Cantabria

Santander

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron 7 demandas por ocupación ilegal de viviendas en 2023, frente a las 29 que registraron el año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Así lo recoge la estadística anual sobre los efectos de los crisis en los órganos judiciales, que sitúa a Cantabria como la segunda comunidad con menos demandas de este tipo el año pasado después de Navarra, con tres.

En toda España se recibieron 2.261, un 18 % menos que en 2022, cuando alcanzaron las 2.785.

La tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes se situó en Cantabria en 1,2, mientras que la media nacional fue del 4,3.

Estos datos se refieren a los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se manejan en los juzgados de primera instancia.

Ahora bien, esta estadística del órgano de gobierno de los jueces excluye los pisos de las empresas o sociedades que no sean persona física como bancos, sareb, constructoras o financieras.

Por comunidades, el mayor numero de procedimientos el pasado año se registraron en Andalucía (424), Cataluña (445), Comunidad Valenciana (379) y en cuarto lugar en la Comunidad de Madrid (215). Nada que ver con Cantabria con 7 y Navarra con 3.

Tan solo hay tres regiones en las que los juicios aumentaron comparado con la estadística de 2022. Baleares pasó de 109 a 118, Extremadura de 30 a 44 y La Rioja de 14 a 18,

Salvo estas tres comunidades, el resto descienden sus estadísticas en términos porcentuales. La mayor caída se da en Cantabria con un 75,9% menos, Murcia (53,2%), Castilla y León (36,5%), Cataluña (32,3%) y País Vasco (29,9%) . La Comunidad de Madrid baja un 3,2%.

Bajan los lanzamientos un 66,3 %

Además, según esta estadística, difundida en una nota por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, los lanzamientos bajaron un 66,3 por ciento en la comunidad autónoma, frente a un descenso nacional del 30,3.

En la región se practicaron 151, cuando el año anterior fueron 484.

Los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias se redujeron un 79,3 por ciento y los derivados del impago del alquiler, un 64,9.

Los juzgados registraron menos demandas de ejecución hipotecaria y menos procedimientos monitorios.

Las primeras descendieron un 28,9 por ciento, al pasar de 192 en 2022 a 270 en 2023, en la misma línea que la media nacional, que registró un descenso de las ejecuciones hipotecarias del 21,5 por ciento.

Los procedimientos monitorios en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, pasaron de 10.388 a 9.882, lo que supone una disminución del 4,9 por ciento.

Por el contrario, la media nacional registró un incremento de este tipo de pleitos del 11,2 por ciento