Juzgan a seis acusados de obligar a prostituirse a una joven de 19 años en Cantabria
La fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno
Archivo - Juzgados Audiencia Provincial de Cantabria.
Santander
La Audiencia de Cantabria juzgará este martes a seis acusados de obligar a prostituirse a una joven de 19 años, para cada uno de los cuales la fiscalía pide ocho años de cárcel.
Los seis acusados, que son de origen colombiano y residentes en Cantabria, "realizaban diversas actividades relacionadas con la prostitución en pisos particulares usados como casas de citas", según detalla la Fiscalía en su escrito.
Y señala que con la intención de aumentar el negocio y bajo la dirección de una de las acusadas, madre de dos hombres también encausados, decidieron conseguir más chicas jóvenes de su país de origen "para explotarlas sexualmente y lucrarse con dicha actividad".
Con esta finalidad, una de las chicas que ejercía la prostitución en uno de esos pisos –también acusada- contactó a través de redes sociales con una joven de 19 años a la que conocía de la infancia, que residía en Colombia y tenía un bebé de cuatro meses "y una situación de absoluta necesidad económica". Según el ministerio fiscal, le ofreció trabajo, un billete de avión y dinero para los primeros gastos y cuando llegó a Cantabria le quitaron el teléfono móvil y la llevaron a una casa de citas en Santander, donde la obligaron a prostituirse para pagar la deuda que había contraído de 5.000 euros.
Afirma la fiscalía en su escrito que la joven prestaba servicios sexuales 24 horas al día y 7 días a la semana; solo se le permitía salir una hora al día y siempre acompañada; y de lo que obtenía por el ejercicio de la prostitución, la mujer que dirigía los pisos se quedaba con la mitad y de la otra mitad le entregaban 30 euros semanales, destinando el resto “a pagar la supuesta deuda contraída en el viaje”.
La joven, según continúa el escrito de acusación, relató lo que le estaba ocurriendo a un ciudadano un día que pudo salir sola y contactaron con la Policía, tras lo que recibió amenazas para que retirara la denuncia de uno de los hijos de la dueña de los pisos. El ministerio fiscal considera los hechos un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que pide para los acusados, además, cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión y que paguen a la joven una indemnización conjunta de 25.000 euros por daños, a la que solicita que no se puedan acercar durante diez años.
Para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la fiscalía pide dos años de prisión al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia. Por su parte, la acusación particular que ejerce la joven pide para cada uno de ellos nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnización solicitada por la joven asciende a 30.000 euros.
Finalmente, la defensa de la mujer que supuestamente dirigía las casas de citas manifiesta en su escrito que la denunciante se trasladó a España "de forma no solo voluntaria sino plenamente sabedora y consciente de la actividad que desarrollaría", tal y como, según alega, manifestó "a su entorno de amistades".
El juicio, que comenzará este martes a las 9.30 horas en la sección primera de la Audiencia de Cantabria, se prolongará hasta el próximo lunes, 25 de abril, en sesiones que comenzarán a esa misma hora.
