La defensa del funcionario detenido por presuntas adjudicaciones fraudulentas de obras de carreteras pide su salida de prisión

Santander

La defensa del Miguel A.D.B., el jefe del servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas que permanece en la cárcel por supuestamente favorecer a empresas en contratos, ha solicitado ante la Audiencia de Cantabria su salida de prisión. Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la defensa de este funcionario ha recurrido el auto del 24 de febrero en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ordenó su ingreso en prisión preventiva sin fianza, al entender que había riesgo de fuga y se evitaba una posible destrucción de pruebas.

En su recurso, la defensa alega que no existe ese riesgo de fuga porque el patrimonio del detenido está "bloqueado" y, además, niega la existencia de una cuenta bancaria en Luxemburgo, tal y como se indica en la investigación de esta causa, por la que también fueron detenidos la mujer, las dos hijas y cuatro empresarios, aunque todos quedaron en libertad con cargos.

Cabecilla de una trama

Esta investigación señala a este funcionario como el cabecilla de una trama familiar para introducir en el circuito legal el dinero que recibía de manos de las tres empresas implicadas a cambio del supuesto amaño de los contratos que se les adjudicaban.

En el caso han sido detenidas ocho personas, acusadas de malversación, fraude o cohecho, aunque el jefe de servicio de mantenimiento y conservación de Carreteras, al que se intervinieron en su casa más de 500.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, es el único implicado que permanece en prisión.

Registros

La operación saltó a la luz en la mañana del pasado 22 de febrero, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria llevaron a cabo registros en la Consejería de Obras Públicas, varias empresas y domicilios particulares por presuntas irregularidades que podrían tener que ver con adjudicaciones de contratos públicos y que daba lugar a ocho detenciones. Al parecer la investigación partió de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, a la que luego se han incorporado personal de Madrid y de la UDEF.

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Recordemos que es día, el jefe del servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas avisó que no podía acudir a trabajar por "motivos personales". La jueza que lleva el caso, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el funcionario, jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, detenido por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mantenimiento y fue enviado al penal de El Dueso, en Santoña.

Por el contrario, dejó en libertad con cargos a los otros cinco detenidos que pasaron a disposición judicial, entre los que se encontraba la mujer del funcionario y varios responsables de las empresas implicadas, Rucecan, La Encina y Api Movilidad, a quienes se les retiraba el pasaporte. Tanto la mujer como los empresarios tendrán que comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

A estos investigados por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se les imputan delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.