Las denuncias por violencia sobre la mujer aumentan un 34% en Cantabria
Se registraron 514 denuncias, en las que aparecen 3 menores víctimas de violencia de género
La lucha contra la violencia de género en el ámbito judicial(GETTY)
Santander
Los órganos judiciales de Cantabria registraron, durante el primer trimestre de 2022, 514 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 34,2 % respecto al mismo periodo de 2021 y supone una media de 5,7 denuncias al día.
En las mismas, figuran como víctimas 454 mujeres –un 18,5 por ciento más- y 3 menores de edad –frente a uno el pasado año-. La tendencia al alza observada en los principales marcadores de la violencia machista se confirma a nivel nacional. En el conjunto del país, el incremento de las denuncias es del 19,33 por ciento y el de víctimas, del 17,85 por ciento.
La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 15,1, frente a una media nacional de 16,7. Por encima se encuentran Baleares (22,8), Murcia (22,6) y Comunidad Valenciana (22,2). Las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (10,6), Galicia (11,6) y La Rioja (12,5).
De enero a marzo, un total de 38 mujeres decidieron en Cantabria no declarar como testigo cuando comparecieron ante los juzgados: 35 ante los especializados en violencia machista (tres menos que un año antes) y 3 ante el Juzgado de lo Penal nº 3, el encargado de enjuiciar estos asuntos (ocho menos). Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron en el primer trimestre 65 órdenes de protección de las 105 que les fueron solicitadas, es decir, el 62 por ciento de las pedidas.
Entre las medidas judiciales de protección adoptadas, destaca la suspensión de la guarda y custodia, acordada en cuatro ocasiones –en el mismo periodo del pasado año no se acordó ninguna- y la suspensión del régimen de visitas, también adoptada en cuatro ocasiones –tres más que el año anterior-. Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor en junio del pasado año de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que prevé la adopción de medidas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy se ha dado a conocer con información relativa al primer trimestre de 2022.
126 hombres condenados por violencia de género
El informe del Observatorio revela que de enero a marzo de este año fueron enjuiciados en Cantabria un total de 153 hombres por violencia de género, de los que el 81 por ciento obtuvieron sentencia condenatoria (126). Así, los juzgados de violencia sobre la mujer enjuiciaron a 67 hombres y 58 resultaron condenados –bien por delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido-, lo que representa un porcentaje de condenas del 86,6 por ciento.
La Audiencia Provincial celebró un juicio por violencia de género y la sentencia fue condenatoria. Además, dos menores, de entre 16 y 17 años, fueron enjuiciados en el Juzgado de Menores de Santander, y ambos resultaron con sentencia con imposición de medidas.
De las 454 mujeres (323 españolas y 131 extranjeras) que figuran como víctimas en las denuncias presentadas, 35 (24 españolas y 11 extranjeras) se acogieron a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello supone que el 8 por ciento de las mujeres que figuran como víctimas en las denuncias presentadas en Cantabria tomaron esa decisión, frente a un porcentaje del 9 por ciento que lo hicieron a nivel nacional. Por otro lado, otras 3 mujeres –todas españolas- decidieron no declarar cuando fueron llamadas a testificar en juicio ante el Juzgado de lo Penal.
Se encuadran en estas cifras las órdenes de protección y las medidas de protección y seguridad contempladas en el artículo 544 ter -conllevan medidas penales y civiles, y su adopción exige la presencia del presunto agresor-, y también las del artículo 544 bis -precepto que permite al juez adoptar una protección de carácter penal sin necesidad de tomar declaración al denunciado-. Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 199 medidas judiciales encaminadas a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. De ellas, 179 eran medidas de carácter penal y 20, de naturaleza civil. Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (61), la prohibición de comunicación con ella (41), la prohibición de volver al lugar del delito (29) y la suspensión de tenencia y uso de armas (28).
