El consejo de Gobierno aprueba suspender las sanciones por residencialización en zonas turísticas
Tras el aplazamiento inicial por la imposibilidad de paralizar las multas ya en curso, el Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo Decreto–Ley de medidas urgentes que suspende temporalmente durante tres años la tramitación de procedimientos sancionadores | En Canarias hay 16.000 residentes en estas zonas
Esta iniciativa responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas / Andrew Holt
Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, suspender por un plazo máximo de tres años, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa a las viviendas de uso residencial en suelo turístico. Con el nuevo Decreto-Ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, esta iniciativa, según el ejecutivo, responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas, como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
Sobre las sanciones previas y las personas que han pagado su multa, la consejera de Turismo, Jéssica de León, avisa que “el proceso ya ha finalizado a todos los efectos administrativos y, según la ley, poco margen tenemos para actuar. Pero sí, las personas que ya tienen su residencia en estas parcelas y el ayuntamiento ha incoado el expediente para cambiar el uso turístico a residencial, no serían sancionadas nuevamente. Los interesados, por tanto, deberán solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la consejería”.
La medida llega ahora tras ser paralizada previamente debido a que a los servicios jurídicos les faltaba limar “unos matices” para dar el visto bueno a la medida, como señaló el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, la semana pasada. “Turismo ha ido sancionando durante doce años a los propietarios que se han ido empadronando en estos apartamentos, a causa de una emergencia habitacional, por lo que con esta norma acabamos con las sanciones y derogamos el conocido artículo veinticuatro, que era el de sustituir al propietario, si no se atenía al deber del uso turístico y, además explotaba fuera de la unidad de comercialización se habilitaba poder expropiar al dueño”, avisa León.
En las islas hay unas 16.000 personas residentes en estas zonas y, según la consejera, de no actuar “estaríamos agravando la situación de emergencia habitacional de Canarias. Una vez entre en vigor, los ayuntamientos y el propio gobierno tienen un plazo de tres años para especializar el uso turístico de esas parcelas o residencializarlas".
Proceso participativo con la sociedad civil para hablar del modelo turístico
A todo esto, el ejecutivo ha sumado su compromiso de abrir un proceso común en el que hablarán el sector público y el privado, es decir, patronales, sindicatos, ayuntamientos y cabildos, y también la sociedad civil, como la Plataforma de Afectados por la Ley Turística u otras nacidas del 20A para opinar sobre el modelo turístico del archipiélago. “Esas mesas de trabajo se abordarán en la universidad para tratar la reunificación de la Ley 7/95 y la 2/2013 y se comenzará las próximas semanas. Están llamados más de 50 colectivos, colegios profesionales y administraciones públicas”, sentencia la consejera.
