Desahuciada una madre y sus cuatro hijos en Tenerife: “Suplico que me alquilen una casa, no quiero que me la regalen”

Santa Cruz de Tenerife

"Los niños se han quedado durmiendo, acabo de salir para hablar y tengo al mayor con 40 de fiebre". Completamente exhausta, preocupada y emocionada. Así ha atendido Susana este miércoles la llamada de Radio Club Tenerife. Lo ha hecho desde la pensión en la que ha pasado su primera noche junto a sus cuatro hijos tras ser desahuciada este martes del piso en el que vivía en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. El lanzamiento, por impago del alquiler desde 2023, había sido paralizado gracias a la moratoria establecida por el Gobierno de España tras la pandemia. Pero en esta ocasión se ha llevado a cabo.

Susana y sus hijos (de 6, 9, 17 y 18 años actualmente) pasaron la mayoría de este martes, 18 de febrero, vaciando la que hasta ahora había sido su casa. Los muebles, maletas y enseres en bolsas se fueron apilando en a las puertas de la vivienda y del edificio. Al desahucio, previsto para las 10 de la mañana, acudió la comisión judicial, un trabajador social, representantes de la parte demandante y un dispositivo de la Policía Nacional compuesto por casi una decena de agentes.

"El dinero que tenía para dar de comer a mis hijos es el que tenían en sus huchas"

"Puedo entender perfectamente la otra parte (la propietaria), están reclamando su derecho", asegura Susana. Explica que todo comenzó hace un par de años, cuando puso una denuncia por malos tratos contra el que era su marido. "Se hizo un juicio rápido, le pusieron una orden de alejamiento, me dieron a mí el uso de la vivienda y la custodia de los niños. A raíz de ese momento yo no puedo pagar el piso". Pagaban 2.000 euros por el inmueble, una cuantía inasumible para la familia, de origen gallego pero afincada en Canarias desde hace años, tras la separación: "En ese momento me vi que el dinero que tenía para dar de comer a mis hijos era lo que ellos pudieron sacar de sus huchas".

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Entonces, Susana acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento, a Cáritas y a Cruz Roja. "En ese momento los cuatro niños eran menores", señala agradeciendo la ayuda que recibió al inicio del proceso, desde comida hasta garantías para que no hubiese cortes ni de agua ni de luz en la vivienda. Esta madre lamenta que se ha encontrado con múltiples escollos durante el proceso judicial, por ejemplo para personarse como parte afectada. Y es que, según relata, el alquiler estaba a nombre de la empresa del que es administrador su marido: "He trabajado toda la vida pero en la sombra. Trabajaba los 365 días del año. Él tenía un problema de alcoholismo y era yo la que llevaba por detrás la empresa pero no percibía".

El desahucio fue paralizado en otras ocasiones con un informe de vulnerabilidad

En 2024 su abogado de oficio consiguió la paralización del desahucio, pero fue en enero de este mismo año cuando esta madre tuvo conocimiento de que el proceso de lanzamiento se había reanudado. Volvió a acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento, donde asegura que la tranquilizaron, pensando que el desalojo no se iba a ejecutar. Pero finalmente no ha sido así. "Mi intención no es que me regalen una casa. Suplico alguien que me pueda ofertar una vivienda", implora asegurando que está dispuesta a pagar un máximo de 900 euros: "Pero es que el sistema está montado de tal forma que una mujer, con cuatro hijos, sin una nómina fija, no tiene cabida. No hay nadie que me haga un contrato. Te piden dos nóminas, avales, la fianza. Yo no puedo ofrecerlo".

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Por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a seguir asistiendo a Susana y sus cuatro hijos. La concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, ha señalado en la SER que desde 2023 llevan trabajando con ella a través de distintas prestaciones. Si bien el proceso ha sido paralizado en otras ocasiones a través del informe de vulnerabilidad enviado por el consistorio a los juzgados (también se ha remitido en esta ocasión", "al final son los jueces quienes determinan los alzamientos o no de los desahucios".

El Ayuntamiento se compromete a encontrar una alternativa

González añade que su estancia en una pensión es una "solución de urgencia" y que "ahora comenzamos un trabajo aún más duro que el que venimos realizando" para encontrar una alternativa habitacional para esta familia, a través de un alquiler o, por ejemplo, de la mediación con Provivienda.