El concejal de Fiestas del único Carnaval de Patricia Hernández culpa a los técnicos de las irregularidades

Santa Cruz de Tenerife

Se ha sentado en el banquillo Andrés Martín, quien fuera concejal de Fiestas durante el mandato de Patricia Hernández, acusado de un delito de prevaricación por los contratos del Carnaval de 2020. La Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación porque el Ministerio Público ha puesto bajo la lupa 21 contratos menores que suman 227 mil euros y observa, además, irregularidades en la forma de proceder. El fiscal asegura que antepuso sus intereses políticos al respeto a la ley.

El concejal se ha escudado en su propia inexperiencia y hace recaer la responsabilidad sobre los técnicos que le aconsejaron. Cuando el fiscal le preguntó quién le sugirió utilizar la vía de los contratos menores, Martín aseguro que fue el personal técnico el que le aseguró que otros años se había hecho así y no había ningún problema.

Después de reiterar en varias ocasiones que nadie le explicó cómo se hacía, también aludió a que no conocía a ninguno de los empresarios que acudieron como testigos, a pesar de que fue él quién mandó a pedir presupuestos de esas empresas. El fiscal asegura que no es justificable no saber y que había tiempo de sobra para elaborar el pliego.

El fiscal ha sido contundente, haciendo notar que sí que había otra vía, que era: no celebrarlos. El representante del Ministerio Público hizo hincapié en que pesar de las consecuencias políticas que hubiera tenido, los carnavales no son un servicio público esencial y el acusado era perfectamente consciente de que estaba anteponiendo el interés político a la legalidad.