"Todos los días tenía que quedarme una hora más": la realidad laboral desde la industria hasta el comercio
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, habló esta mañana en Hoy por Hoy Las Palmas sobre la aprobación del proyecto de ley de reducción de jornada laboral por parte del Consejo de Ministros
Canarias emplea a más de 192.000 trabajadores del sector de la hostelería, el 10,7% del total nacional / carstenbrandt
Las Palmas de Gran Canaria
Pedro Ortega afirma que la Confederación Canaria de Empresarios no se opone a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Sin embargo, consideran necesario el estudio y análisis del contexto económico y territorial de cada región española. Además, ven el decreto como una imposición y expresan la necesidad de que se adapte a la idiosincrasia económica de cada territorio. Asimismo, las empresas requieren medidas diferenciadas según su naturaleza (PYMES, autónomos o grandes empresas). "Este tipo de medidas no pueden aplicarse de manera generalizada en un país con realidades económicas tan diversas, ya que su impacto será distinto en cada región. A nivel económico y laboral, se deben hacer leyes a medida para evitar generar más pérdidas que beneficios, como podría ser el caso de Canarias", señaló Ortega.
Pedro Ortega reflexiona sobre los impactos que este nuevo decreto generará en la economía canaria. La principal causa es la naturaleza del mercado económico de las Islas, donde la mayoría de las empresas son PYMES y autónomos. "Esa reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales obligará a muchas pequeñas empresas a cerrar durante esas horas, o bien a contratar nuevos empleados para cubrirlas. En el primer caso, la reducción implica pérdidas económicas al disminuir la productividad. En el segundo, las empresas deberán asumir mayores costes salariales, algo inviable para muchas de ellas".
Ortega también señala que esta medida favorece a las grandes empresas, que cuentan con mayor capacidad económica para absorber estos cambios: "Las grandes empresas pueden permitirse cerrar esas horas con pérdidas mínimas o contratar más plantilla. Incluso pueden sustituir parte del trabajo humano por tecnología. Sin embargo, en Canarias predominan pequeñas empresas que no pueden aplicar este tipo de soluciones, lo que refuerza la necesidad de adaptar los decretos a la realidad económica de cada región".
Mientras los empresarios alertan sobre los efectos económicos de la medida, los trabajadores relatan otra problemática: las horas extras no remuneradas y la falta de conciliación laboral.
Uno de los problemas más recurrentes entre los empleados es la cantidad de horas extras que realizan sin recibir remuneración en la mayoría de los casos. "El convenio establece una serie de horas por campaña en barco, generalmente entre 60 y 68 por semana. Pero la realidad es que pueden llegar a ser 80 horas semanales y que esas conocidas horas rojas (horas extras) no se paguen", explica David, ingeniero.
El sector servicios como protagonista
La precariedad laboral en el sector servicios no solo se refleja en los salarios, sino también en la cantidad de horas extras que los trabajadores deben realizar diariamente. Nerea, dependienta, relata: "Todos los días tenía que quedarme media hora o incluso una hora en días festivos, y nunca obtuve remuneración por ese tiempo de más, que he regalado a la empresa".
Las horas extras no se pagan ni cotizan: "Realizamos horas extras que no sirven para cotizar, ya que solo se registran las establecidas en contrato aunque trabajemos más", explica Sara, ex-dependienta de una tienda de ropa. Además, en ocasiones, los trabajadores son contratados para unas funciones que se ven duplicadas o incluso fuera de su formación. "Me he visto obligada a formar a compañeras sin tener la capacidad para ello, y las consecuencias de sus errores recayeron sobre mí", añade. Otra situación habitual es recibir mensajes y llamadas de la empresa en días libres: "Mi encargada me llamaba constantemente en mis días de descanso para pedirme que fuera a trabajar o que alargara mi jornada", cuenta Sara.
La Confederación Canaria de Empresarios, a través de su presidente Pedro Ortega, insiste en que el decreto debe ajustarse a las necesidades económicas de cada territorio y no puede aplicarse de forma generalizada en España. Asimismo, destaca las pérdidas que esta medida podría generar en términos de productividad y beneficios en Canarias.
La reducción de la jornada laboral sigue generando un amplio debate. Mientras el sector empresarial insiste en la necesidad de adaptar la medida a la realidad de cada territorio, los trabajadores denuncian la precariedad y la falta de regulación en el pago de horas extras. La aplicación de esta reforma será clave para determinar su impacto real en la economía y en las condiciones laborales de los empleados.
