Nuevo desahucio a la vista tras la venta de una vivienda por parte de la Diócesis de Canarias
El portavoz de la familia asegura que la empresa que compró el inmueble se niega a cumplir una cláusula que permite al inquilino residir allí hasta su fallecimiento
CADENA SER
Arrecife
Una familia del barrio de Argana se enfrenta a un posible desahucio a partir del próximo 28 de febrero después de un largo enfrentamiento con la Diócesis de Canarias y que ésta le vendiera su vivienda a una empresa de Lanzarote.
Según denuncia el portavoz de la familia, Miguel Herrera Guillén, la casa pertenece a su familia desde los años sesenta, después que por parte de la Diócesis de Canarias y de manera apalabrada cediera esta vivienda ubicada en la calle Palacio Valdés en Argana a sus padres por ser una de las familias vulnerables de la época. Es tiempo después cuando la casa fue vendida a esta empresa por un valor de 60.000 euros "sin respetar el contrato firmado", asegura el afectado en Hoy por Hoy Lanzarote.
En este contrato se especifica que "los inquilinos número dos y número ocho podrán vivir hasta su fallecimiento". A pesar de que su madre ya ha fallecido ahora "vive mi hermano José Fernández, el lleva allí desde que nació", "y sé que la IVECO se van a agarrar a eso porque no pone nombre solo pone inquilinos. No obstante, Miguel Herrera argumentó seguidamente que aunque no lo ponga en el contrato "la empres lo reconoció en el juicio que sabía que en esa vivienda vivía mi hermano y mi madre"
CADENA SER
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En este sentido, pide que "IVECO cumple el contrato y que la Diócesis de Canarias media con la empresa para que se cumpla con el contrato", "y si no que rescindan del contrato", porque entre los seis hermano podemos comprar esa vivienda, que no las venda a nosotros por 60.000 euros", "podemos pedir un crédito y comprarla".
Para resolver este asunto según el afectado "la Diócesis de Canarias serían los únicos que podrían solventar este problema haciendo cumplir a la IVECO el contrato, que vendieron la casa con unas condiciones y que les diga que la respete".
Asimismo, Miguel Herrera Guillén explicó que no es la primera vez que le ocurre este episodio ya que sucedió estando su madre en vida. En este sentido, argumentó que "mi madre con 78 años le llegó una carta que es cuando nos enteramos que esas casas fueron vendidas, y que era precaria", "y nos vino una denuncia y buscamos un abogado y en primera instancia ganamos y nos dijeron que nos podía quedar allí hasta que falleciera mi madre".
Continuó que "cuando ya fallece mi madre es cuando se queda allí mi hermano José Fernando", "él nació allí y se crío allí", "y es ahora por sorpresa cuando la IVECO de nuevo vuelve a denunciar a mi hermano por lo mismo, por precario", aclaró Herrera.
Esta familia ha contratado a un abogado para llevar el caso y "vamos para adelante y hemo recurrido y ahora estamos esperando porque el recurso no se ha pronunciado", "y tenemos fecha de la sentencia sin resolverse el recurso que es el próximo 28 de febrero", "estamos exhausto", comentó Miguel Herrera Guillén, portavoz de la familia afectada.
Miguel Herrera dejó claro que "mi hermano no tiene intención de marcharse de allí", "y vamos a llegar hasta el final si hace falta", "y vamos a convocar si sigue para adelante el 28 de febrero una manifestación si hace falta", "que toda la gente sepa lo que está sucediendo y como actúa esta gente, la Diócesis que no se pronuncia y la IVECO que nos quiere echar y no cumple el contrato".
Nuevo desahucio a la vista tras la venta de una vivienda por parte de la Diócesis de Canarias
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