Protección del Medio Natural abre 200 expedientes en Lomo Negro, el barrio ilegal de Tenerife que pide evitar desalojos

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha iniciado ya cerca de 200 expedientes en el asentamiento ilegal de Lomo Negro, en el municipio tinerfeño de Arona. Fue a principios de los 2000 cuando comenzaron a construirse en esta zona viviendas sobre suelo rústico. Dos décadas después, el espacio situado en El Fraile se ha convertido en una especie de barrio irregular en el que viven 300 familias.

"Hace bastantes años que no sale el Plan General de Arona. La parte de la periferia se ha construido así, nos hemos visto entre la espada y la pared al no haber vivienda", asegura Charo, la portavoz de los vecinos. Las familias reconocen que levantaron sus casas de forma irregular pero defienden que lo hicieron por la crisis habitacional que arrastra el Archipiélago y por la falta de actualización del planeamiento municipal. Están dispuestos a elevar su situación a las instancias que sean necesarias para evitar demoliciones.

Los vecinos piden "una moratoria"

De momento, y tras recibir varias órdenes de derribo que han comenzado a recurrir, piden una moratoria. "Como el ayuntamiento ha estado cobrando IBI, basura, en algunos casos contadores de agua, han empadronado, nosotros dábamos por hecho que, dentro de que se construyó en suelo rústico, en un futuro podía ser legalizable", explica Charo. Los vecinos solicitan al Gobierno de Canarias que estudie su situación en el marco de la legislación vigente y teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de vivienda emprendida en las islas para el periodo 2020-2025. "Si no hay suelo para construir vivienda, ¿Dónde van a meter a tantísimas personas si nos echan y nos ponen esas sanciones?", se preguntan.

Este mismo miércoles, la Asociación de Vecinos de Lomo Negro llevará a cabo una manifestación en las inmediaciones del Cabildo de Tenerife y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. La directora de este organismo dependiente del ejecutivo autonómico, Montserrat Ortega, ha explicado en Radio Club Tenerife cómo son los procedimientos que están llevando a cabo. Primero requieren a la parte infractora el restablecimiento. Es en este punto en el que pueden recurrir. Después solicitan la demolición voluntaria de las casas y, si no se ejecuta y con la necesaria autorización judicial, se impone la demolición forzosa. Este último trámite se ha iniciado en cuatro casos en Lomo Negro.

Sanciones entre 40.000 y 100.000 euros

"Reconozco, desde la parte que conozco del derecho administrativo, que a veces es difícil entender algunas cuestiones de las normas. Pero nosotros aplicamos la Ley del Suelo. Y es clara: tenemos un territorio donde la finalidad es proteger todo aquello que se pueda proteger y tenga determinado valor. Estamos hablando de un suelo rústico, de protección agraria. El suelo que rodea esa pieza está cultivado y la norma es clara, no se permite el uso residencial", señala la directora. También aclara que si bien las sanciones a los vecinos podrían oscilar entre los 40.000 y los 100.000 euros, en función del valor de la edificación, son cuantías que "se reducen considerablemente si la persona voluntariamente restituye".

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