Los trabajadores de Oportunidades de Vida denuncian la suspensión de sus contratos
La oenegé pidió un ERTE a la Autoridad Laboral para evitar pagar las indemnizaciones que marca la legislación | El proceso está en situación de recurso y los trabajadores aseguran que están intentando anular sus contratos
José Luis Moyano, representante legal de una de las trabajadoras afectadas en el caso de la ONG Oportunidades de vida
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Las Palmas de Gran Canaria
Oportunidades de Vida, la asociación que dirige Rafael Hernández, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago (COAG), ha solicitado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a la Autoridad Laboral. Esta decisión se ha tomado en el mismo periodo en el que se ha producido el desalojo por orden judicial del antiguo colegio Camilo José Cela, donde la oenegé alojaba a unos 120 menores migrantes y en mitad de la investigación por haber tenido trabajando presuntamente a estos menores en su finca privada sin contrato ni autorización.
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El abogado José Luis Moyano, representante legal de una de las trabajadoras afectadas por esta situación, ha asegurado en Hoy por Hoy El Drago cómo se encuentra este proceso legal, ya que la oenegé ha suspendido los contratos para evitar pagar la indemnización a estos empleados, según denuncian los propios trabajadores.
La Autoridad Laboral no acepta la figura del ERTE
“La ONG desde un principio tenía que haber presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero intentó presentar un ERTE, que se suele solicitar cuando la empresa tiene alguna esperanza de volver a recuperar su actividad y la reactivación de los contratos de los trabajadores. Con esta figura se evita pagar las indemnizaciones que marca la legislación con respecto a los trabajadores que han sido despedidos por un ERE. Sin embargo, la Autoridad Laboral ha dicho que no lo autorizaba y está en proceso de recurso”, explica el abogado. Sostiene, además, que “ese dictamen no variará y lo que está haciendo la ONG es intentar suspender los contratos. A algunos trabajadores se lo han comunicado, a otros no, en el caso de mi defendida lo sabemos por terceras personas”. Es por ello que lo que piensan los trabajadores es que se quieren suspender los contratos durante un año, a pesar de que “igualmente no van a poder pagarlos”.
Los trabajadores, más de cincuenta días sin cobrar
Actualmente, de los sesenta y ocho trabajadores que conforman la plantilla de la oenegé, sesenta y seis de ellas se están viendo en esta situación y Moyano expone que “en el caso de la trabajadora que yo represento, es irregular porque no se lo han comunicado, ni ha habido trámite de audiencia, ni la comisión de trabajadores para hacer el trámite que marca el estatuto de los trabajadores y, por consiguiente, todo está hecho en fraude de ley y lo vamos a recurrir ante la autoridad judicial”.
Al ser preguntado por qué los trabajadores no han denunciado, manifiesta que “la ONG se nutre de la esperanza y de decirle a los trabajadores que les ayuden, que no denuncien, que esto se va a arreglar, que la culpa es de un trabajador que es un delincuente, etc. La realidad es que esta ONG no volverá a recibir ni un euro público porque hay una compleja causa instada por la Fiscalía de las Palmas. Lo que hay que hacer es decirle a los trabajadores la verdad para que se busquen la vida, llevan ya 52 días sin cobrar un euro a día de hoy”.
