Tres juezas alzan la voz para impedir que un policía maltratador se convierta en jefe de la policía local

Canarias

El jefe accidental de la policía local en Agaete está condenado por un delito de malos tratos. La Ley exige que un policía condenado en firme sea sancionado con una infracción muy grave, sin embargo, nadie lo ha sancionado. El agente ha seguido ejerciendo su labor -con armas a su disposición- sin que el ayuntamiento de Agaete haya aplicado el régimen disciplinario. A mayor abundamiento, el agente condenado fue nombrado jefe accidental en septiembre del año pasado por el nuevo alcalde, un Policía Nacional del cuerpo de antidisturbios en excedencia. "Podemos decir sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de injusticia, que una persona condenada por violencia de género no es apta para ser responsable de un cuerpo de policía", explica la magistrada y ex viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

El agente aceptó los hechos por los que fue condenado y desde entonces, ejerce su función con un dispositivo de vigilancia que le mantiene alejado a más de quinientos metros de su víctima, sin embargo, nadie aplicó el régimen sancionador de la policía local, lo que le ha permitido incluso optar a oficial del cuerpo. "Si hay una condena por delito doloso, se entiende cometida una infracción muy grave. Se debe iniciar ese expediente y el responsable tiene que asumir esas consecuencias", explica Vallejo. "Esto se prevé precisamente para evitar la situación absurda y de gran alarma social que se puede crear, cuando una persona condenada por un delito doloso, es además la encargada de prevenir la comisión de delitos", como es el caso.

Un condenado por violencia machista asistiendo a las víctimas

La magistrada Carla Vallejo explica que no tener antecedentes penales es uno de los requisitos indispensables para convertirse en policía local. "No responde a la lógica que se permita que una persona con antecedentes penales pueda promocionar a cargos de responsabilidad dentro de la policía", explica. "Las víctimas tienen que tener la seguridad de que existen instrumentos legales que impiden que esto ocurra. Además de la responsabilidad penal, está la disciplinaria, por eso hay que exigirle a las administraciones competentes que hagan su trabajo, que ejerzan sus funciones y que inicien los expedientes correspondientes", añade. "Se me hace muy difícil que en este momento la Administración competente no inicie el procedimiento correspondiente al que por Ley está obligada", concluye.

El agente está condenado por un delito de acoso en el ámbito familiar, que es uno de los tipos de violencia de género. Durante meses, el sujeto vigiló, persiguió e "infundió terror" a la víctima, con la que tenía una relación análoga a la conyugal. "En el caso penal del acoso no se prevé como pena la privación del derecho a portar armas. ¿Quiere esto decir que un policía puede seguir ejerciendo como tal, cuando ha cometido un delito de estas características? En prácticamente todas las policías, la comisión de un delito doloso supone una infracción muy grave que entre otras cosas puede llevar a la separación del servicio", insiste la magistrada. Nadie se explica por qué esto no ha ocurrido.

La pelota en el tejado del ayuntamiento de Agaete y el Gobierno

El ayuntamiento de Agaete elaboró unas bases para que los policías del municipio promocionaran al puesto de oficial jefe. Nadie se presentó, salvo el policía maltratador. Aunque las bases impiden el acceso al puesto a funcionarios sancionados, no impide que lo hagan aquellos con antecedentes penales que no hayan sido sancionados por ello, lo que sin duda es un caso muy extraño. En opinión de las expertas, el ayuntamiento tiene la posibilidad legal y el deber moral de aplicar la sanción, impidiendo que el ascenso se produzca.

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"La única explicación para no haber sancionado es que no existiera una constancia oficial de la existencia de esa condena, pero eso a día de hoy es perfectamente subsanable, porque ya es un caso conocido públicamente", explica la jueza. "La obligación que tiene la administración competente es iniciar el expediente disciplinario desde que tenga conocimiento de que se ha producido el hecho constitutivo de que se ha producido el hecho constitutivo de la infracción", explica Vallejo. "El curso normal y la obligación administrativa es iniciar ese expediente. Las herramientas existen, pero deben ser aplicadas por las autoridades competentes", añade.

La magistrada Gloria Poyatos habla de violencia institucional

Gloria Poyatos ha sido presidenta de la asociación de Mujeres Juezas de España y es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En las últimas horas su voz de ha unido a la de otras magistradas y feministas que piden a las instituciones una actuación urgente para detener el proceso de promoción de la policía local de Agaete. "Esto también es violencia institucional porque devalúa la gravedad de la violencia de género que es un problema de orden público y no una cuestión doméstica", ha dicho la magistrada Gloria Poyatos en sus redes sociales al conocer la noticia adelantada por la Cadena SER.

Victoria Rosell ha calificado lo ocurrido de "intolerable"

"Esto es intolerable", ha dicho la ex delegada del Gobierno de España contra la violencia de género, Victoria Rosell. "Aunque el Juzgado de Violencia sobre las Mujeres no impuso suspensión o inhabilitación al policía (art 56 CP), en todo caso el ayuntamiento de Agaete debe incoar expediente disciplinario por falta muy grave (delito doloso) y sancionar", añade Rosell en su cuenta de X. "Hechos, no palabras contra la violencia de género", concluye la magistrada, una de las mayores juristas expertas en violencia de género de todo el país.