La autora del catálogo de vestigios franquistas: "Hay políticos y jueces que quieren impedir la normalización democrática"

Santa Cruz de Tenerife

El Boletín Oficial de Canarias publicó este miércoles la orden de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural por la que se deroga el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en el ámbito territorial del Archipiélago. El ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular toma esta decisión a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ya recurrió el listado y obtuvo el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de forma cautelar.

El consistorio capitalino ha argumentado la inexistencia de seguridad jurídica para retirar o resignificar los 79 símbolos franquistas existentes en la ciudad ya que el catálogo, según la Ley de Memoria Histórica de 2018, debe tener carácter regional. Inicialmente, el listado aprobado por el ejecutivo autonómico (PSOE-Nueva Canarias-Podemos-Agrupación Socialista Gomera) solo se centró en el municipio chicharrero. Ahora, el Gobierno de Canarias da la razón al Ayuntamiento. El viceconsejero de Cultura y Patrimonio, Horacio Umpiérrez, ha asegurado en Radio Club Tenerife que "no es una decisión de carácter político, sino jurídico" y que la orden se ha dictado "previendo lo que va a suceder con el listado en general", que se derogaría de forma íntegra.

El Gobierno reiniciará el procedimiento

También la Asociación San Miguel de Arcángel elevó a la justicia el catálogo, solicitando y obteniendo de forma cautelar la protección del símbolo franquista más reconocible de Santa Cruz de Tenerife: el Monumento a Franco (Juan de Ávalos) de la Avenida Francisco La Roche. La intención del actual Gobierno de Canarias, según ha explicado Umpiérrez, pasa por reiniciar el procedimiento y "corregir aquello que se dice (los jueces) que no está bien hecho. Volver a elevar la aprobación definitiva".

Preguntado en Hoy Por Hoy La Portada por lo que "no está bien hecho", el viceconsejero ha aludido a "la decisión de algunos elementos, que se mantengan o no". El responsable ha asegurado que el mismo equipo que preparó el primer documento, "u otro", tendrá que volver a analizar la existencia de vestigios franquistas. Repreguntado por cuándo cumplirá el Archipiélago la ley con la resignificación o retirada de los símbolos (la primera de rango nacional sobre Memoria Democrática data de 2007 y la segunda de 2022), Umpiérrez ha negado que pueda dar un plazo y ha pedido seguir "el camino correcto" acorde a las normas.

Quien también ha reaccionado a la derogación del Gobierno de Canarias es la autora del catálogo, Maisa Navarro. La catedrática de Historia del Arte ha concluido que la orden puede asemejarse a un título literario: Crónica de una muerte anunciada. Y es que "desde que se llevó a aprobación el listado, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya se manifestó de manera muy contradictoria (...) su disconformidad a la mera existencia del catálogo".

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Navarro defiende el trabajo del equipo investigador

Navarro recuerda que el pasado mes de julio el equipo de investigación de la Universidad de La Laguna encargado del catálogo entregó al Gobierno de Canarias (a través del rector) la fase dos del listado relativa al resto de capitales del Archipiélago. "Parte de los argumentos que se han esgrimido en distintos procedimientos contencioso-administrativos no eran ciertos", ha concluido la catedrática defendiendo que "el contenido del catálogo que se entregó y aprobó es un trabajo de historia en el que se aportan pruebas documentales procedentes de diversos archivos que demuestran la identificación de vestigios y símbolos".

La investigadora niega la implicación de "cuestiones personales" en el desarrollo del trabajo y se muestra tajante al aseverar que "en la medida en la que se conculcan los conceptos de la Memoria Democrática se están volviendo a producir víctimas, una y mil veces, en nuestro país". El equipo designado de la Universidad de La Laguna se encuentra ahora desarrollando la tercera fase del catálogo. "Son ciudadanos y familias que han sufrido durante décadas, y siguen sufriendo, el hecho de que hay entre nuestra clase política y la judicatura representantes que están más ocupados en impedir a toda costa que avancen los procesos para la normalización democrática que en conocer la verdad de los hechos", concluye Navarro.