"Mi agresor está en su casa, cobrando una pensión": las víctimas de pederastia reclaman a la Iglesia que colabore en su reparación

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de España ha aprobado un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito o cuando no hayan podido probar los hechos ante la justicia. El ejecutivo asume así las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo y persigue crear un órgano especial, temporal e independiente para la reparación de las víctimas, pretendiendo que sea la Conferencia Episcopal Española quien asuma una parte sustancia del las indemnizaciones. De lo contrario, abre la posibilidad a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.

El plan se vertebra sobre cinco ejes: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir casos; formar y sensibilizar a la sociedad; e informar e investigar. La Conferencia Episcopal Española ha respondido a la iniciativa del ejecutivo central con un duro comunicado en el que sostiene que “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”, según ha adelantado El País. Este último ha sido el medio el que ha liderado una investigación periodística que ha destapado los casos de pederastia en la Iglesia, contabilizando hasta el momento 1.460 acusados y 2.608 víctimas.

La Iglesia reconoce 1.057 casos

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha calculado a través de una encuesta de GAD3 que el 1,13% de la población (440.000 personas) ha sufrido abusos sexuales en ámbitos eclesiásticos. Hasta la fecha, la Iglesia española solo ha reconocido 1.057 casos. Uno de ellos es el de Ciro Molina, cuya historia reveló la Cadena SER en Canarias. Molina ocupa en la actualidad la portavocía de la asociación Infancia Robada en el Archipiélago. Tras conocer el plan del Gobierno de España, ha pedido a la Conferencia Episcopal Española que colabore con los poderes públicos.

"Puesto que tenemos que aprender a convivir con esto y puesto que el pasado no se puede cambiar, hay que crear presente y llevar iniciativas que sirvan para visibilizar y para que las víctimas se sientan acompañadas", ha asegurado en Radio Club Tenerife, donde ha matizado que prefiere ser prudente respecto al plan emprendido por el Gobierno de España. El portavoz espera que el Congreso de los Diputados también asuma como propias las recomendaciones que realizó en su informe especial el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo señala una veintena de centros en Canarias

A lo largo de la investigación, el equipo de Ángel Gabilondo recibió la denuncia de 487 víctimas. El estudio final señala una veintena de centros vinculados a la Iglesia en los que se han cometido abusos sexuales en Canarias, en las islas de La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. "El sacerdote, mi agresor, está viviendo en su casa, está cobrando una pensión. Sigue escribiendo homilías en Internet", señala Molina explicando que "hay víctimas que están en tratamiento psiquiátrico desde que han sido abusadas, que se toman 20 pastillas diarias". En consecuencia, insta a la Iglesia española a unificar criterios y colaborar con los poderos públicos: "Aquí lo que hay es un problema de dinero, lo que quieren es aflojar el menor dinero posible o reconocer el menor número de casos. No les beneficia. Cuanto más hagan por las víctimas más credibilidad van a tener".

El portavoz, que llama a mejorar la prevención e información, pide encarecidamente a las víctimas de pederastia que quieran denunciar sus casos que se pongan en contacto con la Asociación Infancia Robada, con el Defensor del Pueblo o con él, personalmente.