Duras críticas del Consejo Consultivo al decreto de Vivienda: "Desplaza la Ley del Suelo y crea inseguridad jurídica"

Canarias

El Consejo Consultivo de Canarias se ha pronunciado sobre el decreto de vivienda con el que el Gobierno de Canarias pretende paliar la emergencia habitacional. Entre otras cosas, el Consultivo le recuerda al Ejecutivo que el decreto desplaza, -sin derogar-, la Ley del suelo, estableciendo una "regulación jurídica paralela" y además, "compromete la seguridad jurídica", según puede leerse literalmente en el informe del órgano colegiado. En primer lugar, la norma presenta problemas de definición. "Se echa en falta la definición de emergencia habitacional", dice el informe. "La actual situación de emergencia habitacional se califica (en la norma), -pero no se define-", explican.

El Consultivo no pone en duda, sin embargo, la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario de las islas -caracterizado, sintéticamente, por la insuficiente oferta de viviendas, el crecimiento desmedido de la demanda de éstas y el consiguiente desbordamiento de los precios-; y reconoce al mismo tiempo que la situación "exige la implementación de medidas para afrontar esa coyuntura". Sin embargo, los juristas que lo componen son muy claros y repiten en varias ocasiones que se trata de una norma que compromete la seguridad jurídica, estableciendo una regulación jurídica paralela a la que ya está vigente.

Una norma que "puede comprometer los principios jurídicos básicos", llega a decir el Consultivo

"La emergencia habitacional, como situación excepcional, exige a primera vista medidas temporales y singulares", prosigue el Consultivo. "De tal manera que, una vez desaparecida la circunstancia excepcional, procedería la vuelta al régimen ordinario y general aplicable", explican. Sin embargo, "al no hacer distinción alguna al respecto y establecer toda una serie de medidas con vocación de permanencia, -esto es, con vigencia indefinida, y sin que se delimite, siquiera de manera relativa, el horizonte temporal de su aplicación-, se crea una especie de "regulación jurídica paralela", critica el Consultivo

El Consejo Consultivo de Canarias va más allá y dice que "el decreto de vivienda puede comprometer los principios jurídicos básicos sobre los que se asienta la normativa autonómica en materia de ordenación urbanística". El problema, según el alto órgano consultivo es que "el decreto no deroga, pero si desplaza la aplicación de determinados preceptos", y recomienda "prever el mecanismo por el cual, solventada la situación de emergencia, recupere su vigencia la legislación desplazada", evitando así esa inseguridad.

Además, el decreto pretende prevalecer sobre cualquier norma autonómica, algo que según el Consultivo, no es posible. "Ninguna norma de rango legal tiene una posición de superioridad jerárquica sobre otra del mismo rango", reza el informe, como en este caso la Ley de Vivienda y Suelo. "Por ello decíamos que lo que realmente pretende el decreto es desplazar tales normas". No obstante, "no cabe la imposición de una permanencia absoluta del decreto sobre cualquier norma posterior del mismo rango", concluyen los miembros del Órgano. Esto puede complicar sobremanera las inversiones previstas, si el inversor no tiene la seguridad jurídica suficiente.

El informe resuelve positivamente la consulta legal formulada por el Gobierno

El Gobierno de Canarias está obligado a solicitar al Consejo Consultivo un informe sobre toda su actividad legislativa, cuyas conclusiones no son vinculantes pero si relevantes. En este caso, y a pesar de las críticas, el pleno del órgano resuelve positivamente la consulta de Vivienda. "La comunidad autónoma ostenta la habilitación competencial adecuada para regular en esta materia", explica el Consultivo. Además, "el contenido es adecuado al decreto, éste se adecua a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al resto del ordenamiento jurídico", con que las conclusiones en este sentido son positivas.

El Gobierno de Canarias no ha escuchado a las administraciones competentes, según el órgano

El informe del Consejo Consultivo, que no es vinculante pero si obligatorio, incide especialmente en la invasión de competencias de cabildos y ayuntamientos. "No consta que se haya dado participación, con la finalidad de proteger la autonomía local, a los ayuntamientos y cabildos, a los que el decreto afecta en sus competencias, puesto que son ellos quienes otorgan licencias urbanísticas en esta materia e informes", concluye. "La inmediata aplicación de las medidas no puede suponer el desconocimiento de la autonomía local, especialmente en unos ámbitos (urbanismo y vivienda) en los que las entidades locales tienen un papel importante", añade.

El órgano va más allá e incluso señala que el decreto no ha contado con la participación de otras áreas del Gobierno, como urbanismo. "Se echa en falta en el expediente el traslado del Real Decreto a otros departamentos del Gobierno, singularmente a aquellos con competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio", explican. El órgano también critica la "amplitud" con la que el decreto plantea en su apartado primero que "cualquier instrumento de ordenación urbanística podrá establecer las condiciones necesarias para la construcción de vivienda"

Un decreto defendido por las patronales de la construcción, con intereses en el sector

El decreto ha sido defendido especialmente por las patronales de la construcción, sentadas en el Consejo de Administración de la empresa pública de vivienda. El Consultivo también recuerda al Gobierno que la intención de adquirir de forma preferente la totalidad del inmueble, -una de las medidas más importantes-, contradice lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según esta, "no habrá lugar a los derechos de tanteo cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente o con las viviendas restantes o locales propiedad del arrendador que formen un mismo inmueble", aclaran.

El decreto también establece que las actuaciones no están sometidas a la evaluación ambiental, al ser de escasa dimensión y sujetas a licencia. El Consultivo advierte, sin embargo, que podrían darse supuestos en los que sea necesaria dicha evaluación. Finalmente, también señalan que el decreto de vivienda no incluye algunos otros aspectos importantes en la memoria abreviada: "ni el listado de normas que quedan derogadas, ni el impacto presupuestario y por razón de género, ni la descripción de la forma en la que se analizarán los resultados de la norma", afirma el Consejo Consultivo.