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Casi 15 millones de euros para la atención a la Dependencia en Lanzarote

El nuevo convenio entre el Gobierno y el Cabildo financia un total de 833 plazas residenciales, de atención diurna y de teleasistencia para personas en situación de dependencia y discapacidad

Firma del convenio de Dependencia entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. / cadena SER

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delegado, y el presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Oswaldo Betancort, firmaron este viernes el nuevo convenio para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Supone una inversión para el año 2024 de más de 14,6 millones de euros.

En concreto, el Ejecutivo regional destinará, a través de la Consejería de Bienestar Social para la anualidad 2024 una partida que asciende a 10.271.196,98 euros (una vez se ha detraído la cantidad de 3.399.466,50 euros que fue abonada por Bienestar Social de forma anticipada en la anualidad 2023). Por su parte, el Cabildo destinará a la financiación del presente Convenio para el ejercicio 2024, 4.378.156,11 euros, por lo que la inversión global para el año 2024 asciende a 14.649.353,09 euros.

Tras la rúbrica, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, destacó la necesidad de colaborar de forma conjunta con las corporaciones insulares para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos de Canarias pueden acceder a los mismos derechos residan donde residan. “Nos queda mucho trabajo por avanzar en materia de dependencia en Canarias, pero estamos en el camino. Para continuar dando pasos necesitamos colaborar de forma conjunta con los cabildos”, ha indicado.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, “la firma del nuevo convenio, el quinto que se rubrica con el Cabildo insular de Lanzarote, supone la incorporación de nuevas plazas y servicios tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, así como el incremento del importe del coste en determinadas tipologías de plazas, un esfuerzo que hemos llevado a cabo con el fin de ajustarlo al coste real de los servicios y dar respuesta a las demandas de los cabildos insulares”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote,, Oswaldo Brito ha destacado que, mediante la suscripción del nuevo convenio, se reafirma el “compromiso con la isla y con La Graciosa para poner a disposición de la población más vulnerable la cobertura de centros y servicios que se financian, desde la responsabilidad económica y la responsabilidad social”.

El consejero insular del área, Marci Acuña, ha añadido que esta quinta adenda es el resultado de un “análisis realista de la capacidad de esta administración para poner a disposición de la isla de Lanzarote y La Graciosa los servicios y centros para las personas en situación de dependencia, dejando a un lado estructuras ambiciosas e inalcanzables que condenaron la legislatura anterior, en detrimento de los intereses generales”.

Más de 800 plazas

Con el acuerdo firmado se dará cobertura y mantenimiento económico a un total de 833 plazas para la atención residencial y de centro de estancia diurna y teleasistencia. A estas plazas se suman un global de 38.400 horas de promoción de la autonomía personal y 232.200 horas de ayuda a domicilio.

Del global de plazas, 313 serán en recursos residenciales y 320 en centros de estancia diurna más 200 plazas de teleasistencia. Por colectivos, 280 son para personas mayores y 553 para personas con discapacidad.

El acuerdo, que constituye la adenda quinta del acuerdo de cooperación suscrito con fecha 8 de agosto de 2018 entre el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Bienestar Social, y el Cabildo Insular de Lanzarote, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque con efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

 
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