El Tribunal Constitucional sienta precedente al aclarar que no hay mínimo para las subvenciones y el diferencial fiscal

Canarias

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Parlamento regional contra las desincentivaciones al cine, al considerar las islas que se estaba vulnerando el Régimen Económico y Fiscal con el aumento del límite de deducciones en el Impuesto de Sociedades de 5,4 a 12,4 millones de euros por parte del Gobierno central en un Decreto Ley. Se consideraba que, en vez del 80%, se llegaría al 25, un porcentaje que vulneraría, a juicio del gobierno regional, su fuero y sus derechos contemplados en el documento. La propia Abogacía del Estado contempló en ese momento que las modificaciones no vulneraban el REF.

A raíz de la Ley de Apoyo a la Cultura, se generó una modificación legislativa a partir de un acuerdo del Pacto de las Flores con el Ministerio de Hacienda, por la que se fijaba ese porcentaje para las deducciones en las producciones audiovisuales. El 80% quedaba así garantizado gracias al acuerdo político.

Se sienta jurisprudencia polémica al aclarar ciertos aspectos del REF que podrían cambiar las negociaciones con el Estado

El Tribunal Constitucional dio la razón al Estado, que afirmó en todo momento que en ningún caso se vulneraron los derechos de las islas cuando se modificó en primera instancia ese tope en las deducciones -aunque posteriormente el 80% fuera fijado en la modificación legislativa-. El Alto Tribunal alega que se ha respetado el fuero al requerir un informe previo al parlamento regional -algo que niegan desde Nueva Canarias, porque denuncian que en el procedimiento hubo dos pasos, uno de ellos no se cumplió- y también explica el Constitucional que preservar una política fiscal diferenciada no incluye un "núcleo mínimo indisponible", es decir, una cifra exacta con la que establecer dicha negociación o medida.

Aunque el cine, en la práctica, seguirá contando con el 80% del diferencial fiscal por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España, lo cierto es que se sienta precedente en la jurisprudencia y en las relaciones del Estado con el archipiélago. Por primera vez, se aclaran aspectos del REF hasta ahora no constitutivos de duda por ninguna de las partes. A juicio del Gobierno regional, podrían debilitarlo en las negociaciones sobre el archipiélago con el gobierno estatal. En asuntos como las subvenciones, los distintos convenios -por ejemplo, sobre obras hidráulicas-, y refuerzan su posición de diálogo frente a la confrontación en tribunales para evitar "disgustos", tal y como comentó el portavoz y consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez.