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Un juez anula una deuda de 100.000 euros a un vecino de La Laguna aplicando la Ley de Segunda Oportunidad

La cancelación de las deudas en el Archipiélago es un fenómeno cada vez mas usual en los tribunales

El Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife. / CADENA SER

El Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de Lo Mercantil Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia por la que se anula una deuda de 100.000 euros a un ciudadano de la localidad de La Laguna aplicando la conocida como Ley de Segunda Oportunidad. En la resolución judicial, a la que la SER ha tenido acceso, se constata la imposibilidad del solicitante, quien era propietario de un negocio, de hacer frente a las multitudes de deudas adquiridas con entidades financieras por lo que acuerda la extinción del concurso de acreedores y de todos sus efectos. De esta forma, este ciudadano queda libre de cualquier obligación con los bancos. Según explica el letrado que ha logrado la sentencia favorable, Antonio Galve del despacho Repara tu deuda, su cliente venía arrastrando deudas derivadas en la crisis económica de 2008, a raíz de la cual quedó en situación desempleo. Con la llegada de la pandemia, también su pareja se quedó en el paro por lo que tuvo que cerrar el negocio que regentaba quedando en una situación de precariedad económica severa y sin capacidad de hacer frente a unas deudas que ascendían a los 100.000 euros. "Mi cliente cumplía los requisitos, no había cometido delito económico y tenía buena fe por lo que pudo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en su reforma del pasado mes de septiembre ya que los juzgados han simplificado el procedimiento y se ha normalizado esta legislación", indicó el abogado.

Legislación protectora

La ley de segunda oportunidad nació con el objetivo de paliar los efectos de la crisis económica y financiera de 2008 cuyos efectos se prolongaron durante una década y que se ha visto agravada, en muchos casos, por las consecuencias derivadas de la pandemia de Covid-19. Desde su entrada en vigor en 2015, esta legislación ha beneficiado a más de 20.000 personas. El objetivo es permitir cancelar deudas a personas que se encuentren en una situación de insolvencia y en un estado de precariedad económica. Antes de la citada legislación, aquellas personas que se encontraban en la insolvencia podían entrar en concurso de acreedores pero, una vez resuelto, no podían cancelar las deudas contraídas con entidades bancarias y administraciones públicas. Con este mecanismo legal sí es posible hacerlo, de ahí que se la defina como Ley de Segunda oportunidad ya que el afectado puede empezar de cero y evitar que los acreedores puedan embargar salarios.

Los requisitos

Le legislación contempla varios requisitos que se deben reunir para que el juez sentencie a favor de la cancelación de la deuda. Entre ellos destacan la buena fe del deudor, no haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 10 años antes de su solicitud, declararse en situación de insolvencia inminente, las deudas contraídas no pueden superar los cinco millones de euros, no tener condenas por delitos de económicos o falsedad documental en los últimos 10 años y no ser declarado culpable en el concurso de acreedores previo.

 
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