2.600 millones de euros sin aprovechar en las islas: las cláusulas de la Ley de Contratos

Canarias

El reto demográfico, el paro -que registra sus mejores datos desde 2008, aunque sigue siendo del 17,7%- y aspectos como la violencia machista o las personas en riesgo de exclusión social, problemas estructurales en el archipiélago, podrían ser problemas en vías de solución -o, al menos, en parte- si las administraciones públicas aplicaran de buena manera la ley. La actualidad legislativa en Canarias pasa por averiguar si se cumple la norma como se debería cumplir. Aunque, en algunas ocasiones, se pueden generar ciertas dudas sobre si se debe aplicar tal o cual criterio. Eso es lo que intentaremos explicar con este artículo.

La Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, incorpora inmediatamente en su Preámbulo el 'valor social' que se debe dar a los contratos licitados desde lo público. En el capítulo primero, se nos expone claramente que es una cuestión 'preceptiva', es decir, de obligado cumplimiento, establecer criterios o cláusulas sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, el fin de lo que se licita.

El objetivo de esta Ley al incorporar esta serie de cláusulas es generar una mayor eficiencia al utilizar los recursos públicos y aprovechar distintas oportunidades que nos pueden brindar licitaciones de este tipo para dinamizar la economía, especialmente en un momento económico tan complejo y cuya crisis se expande en el tiempo con la tendencia inflacionista -a pesar de la moderación-.

La Ley de Contratos del Sector Público tiene como objetivo que se usen los recursos públicos de manera eficiente

Seguimos analizando la ley, y nos encontramos que se vuelve a mencionar en el Capítulo I, en el artículo 99, en 'objeto del contrato'. El objeto 'deberá ser determinado', y añade que 'se definirá de este modo en los que se estime que puede haber innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten'. Es decir, 'que se estime que puede haber'. En el Artículo 145, en varios apartados, se hacen referencias explícitas a estos aspectos medioambientales o sociales, de los que también se comenta que 'podrán incluirse'.

Entre ellos, se encuentra un menor nivel de emisión de gases de efecto invernadero, eficiencia energética o medidas sociales como fomentar la integración de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia machista o mayores de 45 años. Los que favorezcan la conciliación, la estabilidad en el empleo, o, por ejemplo, si hablásemos de La Gomera, que se establezcan cláusulas para dinamizar la economía del pueblo en cuestión.

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Vemos que es un asunto que se puede relacionar con todos los debates candentes que hay hoy en la sociedad canaria o, incluso, en el seno de la política. ¿Cómo diversificar nuestra economía? ¿Cómo conseguir descentralizar los recursos, implantados sobre todo en grandes ciudades dejando atrás las bondades de los pueblos? ¿Se está haciendo, de verdad, todo lo que podemos hacer en materia de recursos públicos?

Como hemos analizado, esta ley modifica en varios de sus artículos la manera de referirse a la incorporación de estas cláusulas. Se habla de que son preceptivas, eso queda claro, pero luego 'se podrán incluir' o 'se estime que puedan' estar en esos contratos que se lleven a concurso. Para Gerardo Pérez, profesor de Derecho por la Universidad de La Laguna, 'se deben incorporar en los pliegos de las cláusulas administrativas. Todo esto deriva de una directiva europea, que establece que los estados miembros y los poderes adjudicadores deben tomar las medidas pertinentes para velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones como el derecho medioambiental o social'. Sin embargo, Aniano Hernández opta por hablar de 'flexibilidad' en la norma. De ahí que las administraciones, como vemos en los siguientes ejemplos, hayan incorporado -o no- estos criterios interpretando la ley a su manera.

Lo que nos queda claro es que tanto el ayuntamiento, como el Cabildo, como el Gobierno de Canarias, están capacitados para incluir ese tipo de medidas en contrataciones de gran calibre. Y con ese objetivo inicial, que dijimos, que era el de: conseguir eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Aniano Hernández critica la 'inercia burocrática' que, a su juicio, reina en las administraciones canarias que no aplican criterios sociales o medioambientales

Primer ejemplo: Consejería de Sanidad. Hablamos del suministro informático de la plataforma del HUC de Tenerife. Más de 3.227.000 euros destinados a ello. Se incluyen esos criterios -sociales y medioambientales- a la hora de establecer un concurso para distintas empresas. Eficiencia energética, igualdad entre hombres y mujeres… pero a la hora de ponderar, otorgarían 0,5 puntos como máximo. Mientras que otros aspectos como el precio llegan a cantidades muy superiores. Pasa lo mismo con otra licitación, esta vez relativa a residuos en el municipio de Adeje, que está valorada en más de 4.000.000 de euros. ¿Se podrían haber aprovechado mejor esos cuatro millones si se hubieran precisado ciertas cláusulas para el concurso de licitación?

Vamos con otro ejemplo. El tercer carril Güímar- San Isidro, de la Consejería de Obras Públicas. Cerca de 2 millones de euros. En los criterios, se incluyen las nuevas tecnologías como aspecto que puntúa, pero no hay criterios sociales o medioambientales. Por lo que la empresa que consiguió esa licitación no ha tenido que incorporar materiales que no dañen el territorio, o incluir la contratación, por ejemplo, de mayores de 45 años o personas en situación de exclusión.

Otro ejemplo más llamativo. Se produce como una especie de ‘libre albedrío’ en torno a estas cláusulas, porque en la rehabilitación de una parte de la GC-3, que licitaría el Cabildo de Gran Canaria, la cláusula más importante es la económica. Las empresas que queden con igual cifra de puntos adquiridos, desempatarían si aportan criterios sociales o medioambientales. Es decir, se dejan en segundo plano.

Y, ¿por qué decimos que las empresas deberían estar obligadas a aportar estos criterios? Pues porque, por ejemplo, en el caso del Cabildo de La Gomera, sacaron a licitación el control y vigilancia de la segunda fase de la carretera Vallehermoso-Arure. No hay criterios de los que hemos hablado aquí.

¿Cómo dinamizar nuestra economía si las herramientas que tenemos no se usan de igual manera?

La pregunta es: ¿cómo podemos hablar de que se dinamice la economía si cuando tenemos herramientas para hacerlo, no las aprovechamos?

Aniano Hernández estima que, en muchos de los casos, el funcionariado se estanca -lo llama inercia burocrática- y no utiliza esas herramientas que -si bien, podrían ser de obligado cumplimiento-, en muchos casos no se aplica porque se puede interpretar la ley de otra manera… la cantidad de dinero que podría haberse dinamizado y haber marcado la diferencia en lo que a uso de recursos públicos -que pagamos todos- se refiere, es extraordinaria… hablamos de 2.600.000 de euros en todas las administraciones canarias. Recursos públicos usados, pero Hernández cree que en los que no se han aplicado estos criterios que ayudarían a mejorar la situación en Canarias en distintos aspectos. 1.100.000 ayuntamientos, 800.000.000 el Gobierno de Canarias y 600.000.000 los distintos Cabildos del archipiélago.

La reflexión queda clara en este debate: solo nos debemos parar a pensar en qué se podría hacer con este tipo de herramientas en un territorio con un 17,7% de paro, -un 32% relativo a la temporalidad- y donde la tasa de paro juvenil supera el 43%. Un territorio donde cada vez es más candente el debate sobre nuestro modelo turístico y sobre a dónde va el dinero, que no repercute en nuestra gente tanto como querríamos.

No hay que olvidar que más de 365 mil personas viven con menos de 454 euros al mes en el archipiélago.