Jerónimo Saavedra recuerda una "situación dura" para los vecinos que recibían agua de la desaladora de Montaña Roja
El ex Diputado del Común afirma que hubo obstruccionismo por las instituciones, desde 2011 a 2014, al no actuar ante las quejas de vecinos del sur de Lanzarote
Jerónimo Saavedra, Ex Diputado del Común, declarando como testigo. / Cadena SER
Arrecife
El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Arrecife ha acogido este miércoles la tercera jornada del juicio por la incautación, en 2014, de la planta desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja y por la que se sientan en el banquillo el ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el ex secretario de la institución, Francisco Perdomo, y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, Juan José Hernández Duchemín.
En esta ocasión y entre otros, ha declarado como testigo el abogado Ignacio Calatayud quien ejerció de asesor externo del Consejo en el momento de la incautación. A preguntas de la Acusación Popular, el abogado ha negado que debiera haberse abstenido en el procedimiento a pesar de que mientras realizaba el asesoramiento, mantenía una relación contractual con Canal Gestión Lanzarote (CGL), empresa adjudicataria del Ciclo Integral del Agua en la isla y a la que fue a parar posteriormente la desaladora incautada.
Calatayud, quien se ha mostrado convencido de la legalidad de la incautación, ha recordado que la misma era una medida temporal ya que la intención final era realizar "el enganche" a la red pública de distribución de agua para abastecer a alrededor de 6.000 vecinos de la zona, algo que si embargo no se llegó a realizar por el "interdicto" interpuesto por Club Lanzarote, propietario de la planta, cuando se intentó. En cualquier caso, ha afirmado que él se hubiera decantado por la clausura de la planta aunque eso hubiera provocado un desabastecimiento de agua "porque así nadie habría negado que se realizara el enganche".
Por otro lado, el abogado ha recordado los numerosos requerimientos por parte del Diputado del Común entre otros para que se actuara ante las quejas de los vecinos a los que Club Lanzarote abastecía de agua, sin título habilitante para la venta a terceros, y a un precio muy superior al que pagaban el resto de ciudadanos de la isla. Añadió que sobre el Consejo Insular de Aguas planeaba la posibilidad de ser acusados de inacción.
Jerónimo Saavedra habló de obstruccionismo por desatención
El que fuera Diputado del Común cuando se produjo la incautación, Jerónimo Saavedra, también ha declarado como testigo y en este caso, ha recordado que fue en 2011 cuanto recibieron las quejas de vecinos del Plan Parcial de Montaña Roja por las condiciones en las que recibían el agua de abasto. Saavedra ha llegado a hablar de obstruccionismo por parte de las instituciones que debían actual pues no fue hasta 2014, cuando se produjo la incautación, cuando recibieron una respuesta.
El ex Diputado del Común ha llegado a calificar de "situación dura" la situación que vivían los vecinos, con un precio de hasta 4 euros por m3 de agua, junto a la ilegalidad de la venta de agua a terceros sin título habilitante "y no solo a los vecinos porque también había gente que acudía con cubas". Ha recordado los requerimientos que realizó para que se atendieran las quejas aunque ha reconocido que nunca se indicó que se debía actuar con una medida en concreto como pudo ser una incautación.
En cualquier caso, ha asegurado que fue en 2014 y tras la incautación cuando se comunicó al Consejo Insular de Aguas que se daba por atendida la queja "habiendo hecho uso de sus competencias" y que por lo tanto, se daba por resuelto el procedimiento iniciado por el Diputado del Común y cesaba el expediente de denuncia por inactividad.
También han declarado en esta jornada el actual gerente del Consejo Insular de Aguas, Eric Martín, quien en 2014 ejercía la asistencia técnica externa. Entre otra cuestiones, ha reconocido que la clausura de la planta habría provocado un desabastecimiento para los seis mil vecinos del plan parcial. En cuanto al gerente del Consorcio Insular de Agua, Domingo Pérez, ha manifestado que se produjeron reuniones previas a la incautación con Club Lanzarote para buscar un acuerdo y que la propietaria de la planta nunca tuvo autorización para vender agua a terceros. Además, ha señalado que la única empresa que podía hacerse cargo de la planta una vez incautada era Canal Gestión Lanzarote.
