La papa turrada de la vivienda

Santa Cruz de Tenerife

El asunto de la vivienda en Canarias, más que una papa caliente es una papa turrada. En el sector privado, el precio de los alquileres resulta prohibitivo para quienes sufren las consecuencias de las limitaciones salariales que corren en estos tiempos, y si nos adentramos en la voluntad de contar con una vivienda de promoción pública ya abordamos el terreno de lo imposible.

La omisión irresponsable durante años por parte de la administración pública de reservar suelo para edificar viviendas de protección oficial ha sido clamorosa. Los ayuntamientos que disponían de suelo para tal finalidad, prefirieron dedicar el mismo a otros objetivos de mayor aceptación social y que eran sinónimos de garantía de fidelidades electorales.

Entre una cosa y la otra, el de la vivienda se ha convertido en Canarias en verdadero territorio polémico y en algunos casos, hasta cuestión no exenta de usos agresivos y de proliferación de clanes que, aprovechándose de la necesidad de tantas familias de contar con un techo, se han convertido en mediadores económicos de inmuebles que no les pertenecen.

El ejemplo lo tenemos en el municipio de Granadilla, en la zona de San Isidro, en la que 48 familias con la condición de okupas se miden al riesgo de ser desahuciadas tras ocho años de estancia en un edificio propiedad de un gran tenedor de inmuebles, que no ha dudado a la hora de tirar de los servicios de empresas que emplean métodos coactivos para el desalojo, que distan de los comportamientos éticos y de dudosa legalidad.

Jamás se nos ocurriría plantearnos respaldar las clásicas ocupaciones de viviendas que realizan los caraduras que, al margen de la legalidad, entienden que el mundo les pertenece, pero sí hago causa común con esas familias con menores que, descabalgadas por las crisis económicas vividas, han optado a la desesperada por ocupar inmuebles propiedad de grandes tenedores.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El problema de la vivienda pública en Canarias es de tal magnitud, que resulta indiscutible el hecho de que no se puede solucionar de hoy para mañana, pero no deja de ser menos cierto que resulta intolerable, que ante una situación como la que se está viviendo en Granadilla, las administraciones se pasen la pelota unas a otras, y mucho menos tolerable es esa actitud cuando existen menores de por medio.

Aquí no cabe la táctica del avestruz o ladear la mirada para escurrir la necesidad de intervención de los representantes populares elegidos para gestionar soluciones especialmente en casos de extrema sensibilidad como es el que nos ocupa.

Aquí procede dar la cara y buscar una puerta de entrada a las familias que realmente han sido golpeadas económicamente por las crisis y que las han convertido en personas vulnerables.

Que gente honrada, que trabaja o quiere trabajar para tener una vivienda se quede en la calle, es una clara muestra de fracaso gubernamental de las distintas instancias gubernamentales.

¿Dónde quedó aquello de que nadie se iba a quedar atrás, o donde quedó el derecho constitucional a tener una vivienda?

Parole, parole que decía la canción.